Armadillo: contradicción moral

La Revolución Ciudadana ha promovido ideas novedosas al haber instaurado en la Constitución el respeto a que pueblos que no desean tomar contacto con nuestra forma de vida se mantengan aislados y protegidos de cualquier intervención externa y que la naturaleza sea sujeto de derechos, que antes estaban reservados solo para las personas.

Esta revolucionaria decisión política, que ha tenido un gran apoyo ciudadano, se basa en los principios éticos de que el ser humano debe respetar la existencia de culturas ajenas a las propias por disímiles que estas sean y proteger todas las formas de vida, no solo la humana. Los valores detrás de estos principios son los de la tolerancia a otras formas de ser y el reconocimiento de que la diversidad en la naturaleza genera mayor estabilidad en la vida del planeta.

Son ideas filosóficas de avanzada y de alto contenido moral.

La contradicción surge el rato de la aplicación. La retórica es bonita, la aplicación trae dolores de cabeza. El mejor ejemplo del lío en que está metido el gobierno es la explotación petrolera en el campo Armadillo, que es una zona que tiene presencia de pueblos indígenas aislados.

Si el gobierno fuese fiel a los principios de la Revolución Ciudadana y a la Constitución no habría duda de que en esa área no se debe explotar petróleo. Pero el oro es oro y el petróleo es el oro negro que da vida a los grandes negocios estatales y privados. Y cuando esos negocios están en juego hay que buscar la forma “legal” de explotar el crudo a costa de la destrucción de la biodiversidad y el genocidio.

En Armadillo están los Taromenane, eso lo sabe todo el mundo y su presencia está certificada por el Ministerio de Ambiente y avalado por los Ministerios de Patrimonio y Salud. Es más, en ese sector ya hubo una matanza producida por un grupo Taromenane hace poco más de seis meses. En enero de este año el Ministerio de Ambiente prohibió la explotación petrolera en dicho campo. Todo eso existe y todo eso está bien.

Pero también existen los intereses económicos que son muy poderosos. Esos intereses generan una advertencia de la Presidencia de que “no se puede paralizar ninguna obra en el sector estratégico sin la autorización previa del Presidente de la República”. Entonces el Ministerio de Ambiente cambia de criterio, cancela a los funcionarios que prohibieron la explotación y autoriza “el estudio de impacto ambiental previo” y que un pelotón de petroleros entren a Armadillo, acompañados de un pelotón de militares que los proteja de los peligrosos indígenas asilados, que según la moral y la Constitución deben ser los protegidos por el Estado.

Me pregunto: ¿dónde quedan los principios revolucionarios? ¿Dónde están los corazones ardientes y las manos limpias?

¡Tamaña contradicción moral de la revolución ciudadana!

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