La presidencia del Consejo de Seguridad rota todos los meses, por riguroso orden alfabético, y precisamente este mes le corresponde a la Argentina. La presidenta Cristina Kirchner presidirá una de sus sesiones, lo cual supone un ponderable reconocimiento explícito de la importancia que nuestro país y la comunidad internacional asignan al organismo que tiene en sus manos la delicada responsabilidad en materia de paz y seguridad internacionales.
Aparentemente, la sesión discutiría las posibilidades y alternativas de cooperación que existen entre el organismo multinacional y los regionales y subregionales. En esta sesión, el secretario general informará al Consejo sobre el tema así como lo harán los representantes de la Unión Africana, del Celac y de la Unasur.
El Consejo mantendrá asimismo un “debate abierto” sobre el tema clave de la protección de los civiles en los conflictos armados. Obviamente, en los de carácter internacional, y también en aquellos que, en cambio, son internos. En este segundo caso, nuestra región tiene una clara asignatura pendiente desde que las Convenciones de Ginebra de 1949 son, en general, tenidas por “letra muerta”. Esto sucede en nuestra propia Argentina, donde arbitraria y caprichosamente se ha dispuesto por resolución de la Procuración General de la Nación que en la década de los setenta no hubo en nuestro país ningún “conflicto armado interno”, lo que ciertamente no es así y debe ser decidido por la Justicia.
Las Convenciones de Ginebra de 1949 son, en rigor, nada menos que la columna vertebral del derecho humanitario internacional. Son las que confieren protección absoluta a los civiles inocentes en los conflictos armados por aplicación de la llamada “Cláusula Martens”. Por esto, para ellas los llamados “crímenes de guerra” son “delitos de lesa humanidad” cometidos en tiempos de conflictos armados internos. Todos los Estados tienen el deber ineludible de investigarlos.
Es hora ya de dejar de lado la hipocresía y de reconocer, de una buena vez, que las Convenciones de Ginebra de 1949 existen y que deben respetarse. Esta sesión será presidida por Susana Ruiz Cerruti, asesora legal de nuestra Cancillería. Hablarán en su transcurso Navi Pillay, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y el director para el Derecho Internacional y la Cooperación de la Cruz Roja Internacional, Philip Spoerri.
En la agenda aparecen otros temas sensibles, como la tensión entre Sudán y Sudán del Sur, sobre la que la embajadora María Cristina Perceval leerá un informe en su carácter de presidenta del correspondiente Comité de Sanciones; Líbano, donde debe extenderse el mandato de la fuerza de paz; Kosovo; Corea del Norte, y Haití, respecto del que informará la nueva representante especial, Sandra Honoré. Como queda expuesto, un mes muy importante para nuestra misión ante la ONU.