Daniel Gutman
IPS
Buscar petróleo y gas en el mar, activar los yacimientos no convencionales, desarrollar por fin las energías renovables, construir centrales hidroeléctricas. Todas las recetas que conduzcan a una mayor producción de energía parecen bienvenidas hoy en la Argentina, que en los últimos años ha tenido sus cuentas en rojo en este rubro.
El gobierno de Mauricio Macri intenta revertir una crisis energética que es producto de mucho tiempo de falta de inversiones y que se hizo visible a partir de 2010, cuando el país perdió el autoabastecimiento de petróleo y gas por primera vez en 17 años.
Los hidrocarburos constituyen 87 por ciento de la matriz energética nacional total y también resultan el insumo fundamental que abastece al sistema eléctrico en particular, al alimentar las centrales térmicas que aportan 64 por ciento de la capacidad instalada, de acuerdo a datos oficiales.
Macri responsabilizó a su antecesora, Cristina Fernández por la situación el 1 de marzo, cuando abrió el período de sesiones ordinarias del legislativo Congreso de la Nación y anunció:
“Después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético”. Fernández había admitido la crisis energética ya en 2012 cuando, al cabo de un proceso de aguda declinación de la producción y las reservas de hidrocarburos, que llevó al país a gastar miles de millones de dólares en importaciones, impulsó la nacionalización de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), privatizada 19 años antes por Carlos Menem. “Si seguimos así, vamos a ser un país inviable”, dijo Fernández al enviar al Congreso el proyecto de expropiación de 51 por ciento de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol. Aunque la iniciativa fue aprobada rápidamente, desde entonces la situación no cambió de manera sustancial.
En febrero, en pleno verano austral y en medio de una ola calor en Buenos Aires y otras partes del país, que llevó el consumo de electricidad más allá de los 25 000 megavatios, en el límite de la capacidad del sistema, el gobierno importó energía de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile para evitar cortes masivos de luz que dispararan el malhumor social. Se trata de un tema muy sensible para el gobierno de Macri porque una de sus primeras medidas luego de su asunción, en diciembre del 2015, fue aumentar las tarifas electricidad y gas, que habían estado congeladas durante años, con el argumento de que fue la energía barata lo que provocó la falta de inversiones y el deterioro del sistema energético.
Esos aumentos debieron ser moderados por los cuestionamientos de la opinión pública y por una serie de fallos judiciales.
“También en invierno el sistema está al límite, porque el gas natural se utiliza para calefacción y entonces hay escasez de combustibles para las centrales térmicas, que debe cubrirse con la importación de gasoil o fueloil a precios elevados”, dijo Juan Bosch, abogado especialista en energía que trabaja en una empresa privada.