Mañana se cumple un año de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman en Argentina. Un velo de rancia impunidad cubre el hecho.El Fiscal se disponía a acudir ante el Congreso para entregar los avances de una investigación delicada. El caso AMIA hacía sospechar de presunto encubrimiento nada menos que a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman.
Entonces, un día antes de la anunciada comparecencia, el cuerpo sin vida de Nisman fue hallado en su departamento de Puerto Madero (Buenos Aires).
Varias autoridades se adelantaron a calificar al suceso de suicidio y hasta la fiscal del caso no fue expedita en sustanciar la causa. La escena del crimen fue limpiada sospechosamente.
El caso AMIA llevaba –y lleva– años sin resolverse.
El 18 de julio de 1994, una bomba terrorista mató a 85 personas y dejó heridas a otras 300 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Las investigaciones apuntaron a una operación combinada de terroristas iraníes y Hezbolá. Hubo una orden de captura internacional contra los supuestos asesinos.
Pero la geopolítica pudo más que la justicia. La suprimió. El Gobierno de Cristina Fernández perfeccionó un acuerdo que dejó de lado el proceso y en la impunidad a los procesados. Acuerdos energéticos entre ambos gobiernos se superponían a la investigación de la matanza.
Tal era la gravedad de la causa que tenía en sus manos Alberto Nisman.Hoy el presidente Mauricio Macri debe reunirse con las hijas del fiscal asesinado.
Aunque la justicia es y debe ser independiente, más allá de un error corregido a tiempo del nuevo Presidente en la designación de magistrados de la Corte Suprema, todo apunta a que los jueces temerosos en el pasado puedan actuar hoy en derecho, en el crimen del fiscal, cuyo aniversario de impunidad es una vergüenza.