El Consejo de la Judicatura, confirmando mi denuncia sobre el control y la sumisión de jueces, funcionarios y empleados, ha contestado ‘por encargo’ mi artículo titulado ‘Degradación de la justicia’. Un oficioso subordinado, más allá de la materia que le corresponde por el cargo que ejerce, escribe sobre todo con un desagradable tufo a propaganda y, por la magia y la impunidad del poder, se transforma en portavoz de la actual administración de la Función Judicial y en defensor de la reforma impuesta por la ‘revolución ciudadana’. Estoy seguro de que, para ‘su’ respuesta, ha hecho acopio de sus mejores facultades y, aguzando su ingenio, ha logrado un resultado excepcional: repetir lo de siempre y no aclarar nada.
En mi artículo manifesté, por ejemplo, que por hoy “los jueces tienen como objetivo prioritario desechar el mayor número posible de juicios, utilizando la mediación (con violación de la ley y prescindencia de la voluntad de las partes)”. Tengo numerosas providencias para probarlo. ¿Qué responde en ‘su’ carta el oficioso subordinado? Que no he caído “en cuenta de que no todo conflicto jurídico se debe resolver en un juicio”, y, por tanto, me recomienda leer la Constitución. No hay duda: las tonterías son gratuitas. No he impugnado la mediación como procedimiento alternativo para la solución de conflictos: he señalado con claridad su carácter voluntario y consensual. La acuerdan y aceptan las partes y no la imponen los jueces.
Citaré, para conocimiento del lector, el tema de la imposición de la mediación. La ley prescribe (artículo 46) que los jueces podrán disponer en un juicio que se realice una audiencia de mediación “siempre que las partes (actor y demandado) lo acepten”. Veamos algunos ejemplos: un juez ‘deriva’ un juicio a mediación al calificar la demanda, cuando el demandado no ha sido citado; otro, cuando habiendo sido citado, no ha comparecido al juicio; un tercero, cuando se ha pedido audiencia de conciliación, no ordenándola y demorando el trámite de la causa. ¿Qué aceptación de las partes -las dos- hay en estos casos? Ninguna. La decisión judicial es desafiantemente arbitraria e impositiva, violatoria de la ley y de la voluntad de las partes.
Es lamentable que el Consejo de la Judicatura eluda su responsabilidad y pretenda responder a las críticas por las violaciones legales, arbitrariedades, errores y burocratización de la actual Función Judicial a través de sus subordinados, con propaganda, verdades a medias, distorsiones e innegables falsedades. Sin dialogar y rectificar. El silencio equivale a la falta de razón y argumentos. La administración de justicia no le pertenece. Es un servicio que se debe prestar, sin excederse en sus atribuciones, con una condición irrenunciable que vergonzantemente ha destruido, su “independencia interna y externa”, como exigen la Constitución, la división de funciones y el sentido común.