La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha declarado a 2011 como el Año de la Libertad de Expresión. La antigua institución representativa del periodismo continental ha sido impulsada a esa declaración por la grave preocupación sobre el estado de la libertad de prensa en América.
Lo sucedido en México, con el asesinato en 2010 de once periodistas y una decena de atentados contra sedes de medios de comunicación, no ha hecho más que producir tragedias que reiteran, una vez más, la caracterización de ese país como el de mayores peligros físicos en el continente para la prensa. México carga desde hace décadas con un historial siniestro.
Así como en el pasado era manifiesta la relación de los crímenes contra periodistas con el monopolio político instaurado por los barones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en tiempos más recientes las órdenes de acabar con la vida de periodistas dispuestos a decir sus verdades han provenido, sin dudas, de nuevos liderazgos y de sicarios, aún más sanguinarios que los de antes, en la práctica periódica del crimen.
Honduras se agregó en 2010 como otro de los espacios infaustos para la prensa. Hubo, además, en 2010, dos asesinatos en Brasil, y uno, en Colombia.
El abatimiento físico de periodistas ha sido uno de los métodos crueles y extremos de quienes desde el poder, político o el que fuere, han procurado silenciar las voces irreductibles en la voluntad de expresarse.
En ese sentido, el peor escenario ha sido el de Venezuela. Sólo el hábito de llamar democráticos a los gobiernos elegidos por el voto popular ha demorado la clasificación, sin eufemismo , del régimen de Caracas como dictadura.
El Gobierno de Venezuela ha cerrado cinco canales y 34 emisoras de radio y dispuesto de cuantiosos fondos públicos para favorecer a quienes le sirven de eco. Lo ha hecho siguiendo el tipo de deplorable gestión administrativa que ha encontrado imitadores en la Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua.
En el caso lamentable de la Argentina, con el dinero de los contribuyentes se subvencionan, además, campañas de desprestigio contra medios y periodistas independientes. No es eso ninguna novedad para los argentinos. Entre otras arbitrariedades flagrantes, y por mencionar solo una al azar, el escándalo de que Canal 9 haya percibido en 2010 el 67,5% de la publicidad oficial destinada a la televisión abierta.
Cuando llegue a este Gobierno la hora de irse algunos tratarán de lavar se rápidamente las manos, para los más sorprendentes, y acelerados, cambios de frente político. Entretanto, la lucha de todos los días por un periodismo sin ataduras para quienes lo practican exigirá, a juzgar por los antecedentes estado de alerta ha llevado a la SIP a declarar a 2011 Año de la Libertad de Expresión.