Andrés Vallejo

Una piedra en el zapato

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Viernes 09 de noviembre 2018

No hay duda de que el asilo concedido a Julian Assange es una piedra en el zapato. Piedra difícil de extraer, porque las circunstancias que rodean el caso son complejas y obligan a observar normas y consideraciones especiales. El hecho de que la concesión del asilo haya sido inconveniente e injustificada no elimina la realidad de que deben respetarse sus normas y condiciones, tanto por el asilado como por el país. Assange debe observar un comportamiento adecuado, sin intervenir, como lo ha hecho, en asuntos de otros estados, poniéndonos en problemas con esos países amigos.

Tampoco la absurda concesión de la nacionalidad y la inconcebible intención de concederle estatus diplomático ante el gobierno del Reino Unido, que ahora se sabe era un paso para sacarlo de la Embajada en Londres y enviarlo a Moscú con un nombramiento en la embajada ecuatoriana, permite a nuestras autoridades ignorar realidades.

Las Convenciones de Asilo buscan resguardar la integridad y la vida de las personas. Se ampara a los perseguidos políticos, que existen en muchos países. Un caso emblemático es el de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder del APRA peruano, que estuvo cinco años en la embajada de Colombia en Lima, porque las autoridades peruanas no le concedían el salvoconducto, hasta que la presión internacional viabilizó su salida.

En el caso de Assange, si bien las demandas suecas por abusos sexuales no eran políticas, no hay duda de las intenciones norteamericanas de enjuiciarlo por la filtración de información que ellos consideran de seguridad nacional. En los últimos tiempos ni disimulan el deseo de llevarlo a los tribunales. Los representantes Iliana Ros-Lehtinen, republicana y Eliot L. Engel, demócrata, piden al gobierno ecuatoriano, por escrito, la entrega de Assange a las autoridades judiciales, para tramitar ayudas al Ecuador. La estrecha y antigua relación entre la política de Estados Unidos con el Reino Unido hacían presumir que una vez que Assange responda por el desacato a una decisión judicial, podrían entregarlo a las autoridades americanas, en donde los delitos de los que le acusan pueden llevar a la aplicación de la pena de muerte. El Procurador Salvador revela que el gobierno inglés se habría comprometido a no extraditarlo a países que mantengan la pena de muerte, lo que permitiría solucionar el problema. Mientras estos riesgos no se clarifiquen, retirar a Assange la condición de asilado implicaría asumir una responsabilidad de imprevisibles consecuencias. Ni las displicentes declaraciones contra el país, ni la inaudita demanda contra el Estado, ni los altos costos incurridos pueden olvidar esta realidad. No es un caso de fácil resolución, por lo que solo las gestiones diplomáticas que eliminen los riesgos existentes pueden llevar a una solución definitiva que saque esta incómoda piedra del zapato.