Si se quiere resumir en una cifra la situación de las finanzas públicas del Ecuador hay que poner atención en el déficit del sector público no financiero del año pasado: USD 7 313,6millones.
Desde que el país adoptó la dolarización, hasta el 2008, no se había registrado un déficit en las operaciones del sector público. A partir del 2009, y pese a los precios espectaculares que alcanzó el barril del petróleo, el Gobierno fue gastando más de lo que tenía.
Se puede entender que en un año de crisis económica se registre un desequilibrio en las cuentas fiscales, como ocurrió el 2009, cuando la caída temporal de los precios del petróleo ocasionó un déficit fiscal cercano a USD 2 200 millones, equivalente a 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
En los tres años siguientes las cuentas siguieron en negativo, aunque por montos menores. La situación empezó a salirse de las manos desde el 2013, pese a que el petróleo ecuatoriano promedió ese año USD 95,6 por barril, uno de los precios más altos en la década de la revolución ciudadana.
Los mayores ingresos petroleros no fueron suficientes y el déficit llegó a USD 4 350 millones en el 2013, la mitad de lo que el país gastaba en sueldos de la burocracia.
Para las autoridades, la explicación del déficit fiscal era la inversión en obra pública, que a su vez era la clave del crecimiento económico. Pero ese ritmo de inversión era insostenible. De hecho, cuando cayó el precio del petróleo a partir del 2015 también se contrajo la inversión pública y, pese a eso, el déficit fiscal continuó aumentando.
El Gobierno que asumirá en mayo próximo no solo heredará varias megaobras que fueron financiadas con deuda pública, sino también un megadéficit fiscal que ya representa el 7,5% del PIB. Las autoridades económicas necesitarán este año USD 12 500 millones, lo cual es incierto e inquieta al mercado.
Para aumentar la incertidumbre, la semana pasada aterrizó en el país un exministro de Grecia que recomienda usar el dinero electrónico para pagar deudas a proveedores.