La venta de medicamentos falsos debiera poner en alerta a todo el país. Sí, pues lo que se descubrió el 25 de julio en Cuenca simplemente asombra: 15 toneladas de fármacos adulterados y una red delictiva que ya había enviado material a 80 farmacias de 23 ciudades.
La Constitución (art. 3) dice que el Estado garantiza la salud de los ecuatorianos y en ese sentido habría que actuar, para frenar a estas mafias criminales que incluso tienen nexos con redes internacionales.
La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) asegura que los controles son usuales, pero estos grupos actúan más rápido y penetran especialmente sectores populares para vender su producto.
En la Bahía de Guayaquil, por ejemplo, 129 locales fueron allanados en junio, pero es fácil hallar antibióticos a USD 1,60, que han sido elaborados en el 2015 y que expiraron en enero de este año. Entonces saltan las preguntas: ¿Por qué no se puede controlar este fenómeno? ¿Se está haciendo bien la tarea? ¿Son suficientes los operativos policiales?
Que las autoridades respondan, pues en el 2013 en la Asamblea Nacional ya se sabía de medicinas falsas, cuyos compuestos eran pinturas, talco, tiza, cemento y ceras.
El problema es que no se trata de cualquier fármaco, sino de aquellos que tratan enfermedades crónicas como el cáncer y otros para la diabetes, gastritis, osteoporosis, reducción de peso, estimulantes sexuales, vitaminas para niños y hasta pastillas abortivas.
Por eso, todos debieran reaccionar y pedir que se haga algo más. En el campo judicial, de los 146 investigados desde el 10 de agosto del 2014, apenas dos recibieron sentencia en firme.
El Ministro del Interior pedirá al Consejo de la Judicatura que revise los casos relacionados con la falsificación de medicinas.
La Judicatura, en cambio, entendía que había procesos judiciales en marcha, pero no es así.
Estos hechos hacen más compleja la situación. Por suerte hasta hoy no se han reportado personas afectadas por el producto que salió de Cuenca, pero que las alertas no se apaguen.