Con la renovación de una parte del equipo económico concluyó un primer semestre de gestión del Gobierno, sin que en el balance general se hayan dado cambios profundos en comparación con la administración anterior.
Las expectativas del sector privado por ir hacia otro modelo se han diluido a lo largo de este período, en el que lo único cierto es el envío a la Asamblea de un proyecto de ley que dice promover la reactivación económica, aunque sus objetivos inquietan, y la aplicación de una tasa arancelaria que deja mal parado al país ante los socios comerciales.
Si bien se busca dar más atención y apoyo a las micro y pequeñas empresas y se dio paso a una rebaja del pago del saldo del anticipo de impuesto a la renta, los pedidos de los agentes económicos orientados a atraer inversión, fomentar el empleo, reactivar el consumo, buscar nuevos mercados, crear incentivos para la repatriación de capitales, mayor austeridad en el gasto público, el reperfilamiento de la deuda pública, entre otras aspiraciones, aún no tienen eco en la definición de un plan económico integral.
Aunque el país se ha endeudado en más de USD 6 000 millones en este período, un dato positivo es la reducción del indicador del Riesgo País, debido a una mejoría en el precio del petróleo, que bordea los USD 50 por barril, para el caso del crudo ecuatoriano.
Si se toma al pie de la letra lo que dice el Ministro de Finanzas: “los cambios que se pueden dar en los equipos de gobierno, no necesariamente implican cambios de dirección”, no genera muchas expectativas de que más adelante se vayan a dar renovaciones significativas en el manejo de la política económica. Y, de ser así, eso se reflejará en bajos indicadores de crecimiento para el Ecuador.
Un mecanismo que en algo aliviará el desempeño económico más adelante podrá venir de la derogación de la ley de plusvalía, si se aprueba la pregunta, como parte de la consulta popular.
Pero eso se verá el próximo año; este 2017 prácticamente ha terminado con graves signos de estancamiento.