Los movimientos sociales y sindicales se juegan una carta arriesgada con el paro nacional convocado para este jueves 13 de agosto.
Más allá del derecho legítimo a la movilización como medio de expresión popular, las proclamas de los sectores que participan en la paralización aparecen dispersas, sin una agenda fácil de identificar.
Aun así y con una distinta sensibilidad social y política, las manifestaciones marcan la continuación de las nutridas protestas en las principales ciudades que desde junio pasado evidenciaron un descontento creciente por la forma en que el Régimen ha ejercido el poder, desconectado de las demandas de diversos segmentos de la población. En esta caso, el detonante fue el envío de las polémicas leyes de Herencias y Plusvalía a la Asamblea.
Desde entonces, el Gobierno apuró un sinnúmero de acciones que buscan recuperar una parte del terreno perdido. Una de las principales decisiones fue la realización de un diálogo por la equidad, que ha ido sumando adhesiones en diferentes provincias. Sobre todo, ha reforzado su plataforma política con organizaciones que se han mostrado afines al oficialismo, y entre otros gremios que hoy aparecen divididos, como los jubilados y el propio sector indígena, que es el principal promotor de la paralización.
Otro sector importante dentro de esta estrategia es el de los empresarios, que ha tenido conversaciones con el Gobierno, y ha anunciado que no plegará a ningún paro.
Pese a todas esas ahesiones, nada hace prever que el diálogo sea la puerta para acercar a los sectores manifestantes. Uno de los principales obstáculos es la permanente descalificación a la que el Gobierno recurre para excluir a la oposición, tildándola de desestabilizadora y golpista. Desde esa lógica no hay ninguna posibilidad de un acercamiento.
Y más allá de los apoyos que el paro nacional aglutine, tampoco está claro cuál será el siguiente paso que los movimientos sociales darán para que el Gobierno acoja sus principales pedidos y reivindicaciones.
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