El Presidente de la República hace todo lo posible para demostrar que el modelo económico que heredó no funciona, pero todavía no hace mayor cosa para cambiarlo.
Criticó el gran endeudamiento público, pero el próximo año aumentarán los gastos por el servicio de la deuda, en parte porque el Fisco tendrá que pagar los onerosos créditos contratados desde mayo pasado.
Y pese al anuncio de un plan de austeridad fiscal, el gasto en sueldos del sector público no ha cambiado, lo cual obligará a reducir nuevamente la inversión pública para evitar un mayor desequilibrio fiscal.
El Presidente también ha sido muy didáctico en evidenciar que el Estado ha sido un pésimo administrador de los recursos públicos en la última década, pero el plan actual se limita a transparentar las cuentas en lugar de detallar a qué se dedicará el Estado durante los próximos cuatro años.
Dijo que hay 640 obras con fallas, que las megaobras del sector hidrocarburífero presentan graves problemas, que los medios públicos arrojan pérdidas millonarias y que la aerolínea estatal también pierde otros millones más. La lista de ejemplos puede ser más larga, pero el objetivo es tener un Estado más pequeño, pero más eficiente.
Pero esto todavía es un objetivo muy general y ambiguo. No basta con decir que el peso del Estado se irá reduciendo hasta el 2021, se necesita detallar cómo se llegará a esa meta, con qué medidas específicas, cómo se articula eso con un plan de apoyo al sector privado, con qué política de comercio exterior, cuánto necesitará el Fisco para financiar el período de transición, cuánto debe ser en impuesto y cuánto en deuda pública, qué hacer con los subsidios, etc. Es decir, se necesita de un plan económico de cuatro años.
Por ahora no existe ese plan, porque las prioridades actuales del Régimen están en el campo político. Sin embargo, una definición más detallada sobre el papel del Estado y del sector privado ayudará a armar un plan económico que aclare el panorama para cuatro años.