Por un celular. Sí. Por robarle un celular asesinaron en Guayaquil a Robert Salazar, periodista de El Universo, de 26 años. La familia está conmocionada y no es para menos. Pero no es el único caso. Hace cinco meses, en Quito también mataron a otra persona por la misma causa. Y entre enero y mayo del 2015 dos jóvenes más perdieron la vida por no entregar sus teléfonos a los asaltantes.
¿Se puede hacer algo para frenar a estas bandas? Desde el 2012 se han creado unidades especializadas para combatir las cachinerías, se exige al usuario que registre el IMEI (identificación del móvil) y hasta se han firmado convenios con Bolivia, Perú y Colombia para bloquear los equipos sustraídos en esas naciones.
Pero los ataques no paran y son más violentos. Cifras oficiales dicen que en Ecuador las operadoras reciben hasta 1 600 reportes diarios de teléfonos móviles robados.
La Interpol (Policía internacional) señala que en la región el negocio ilegal de los celulares mueve entre USD 280 000 y USD 1,2 millones diarios. Esto es solo una muestra del poder de estas mafias, cuyo eslabón más bajo de esa cadena criminal es el arranchador de la calle o el que amenaza con armas sin medir las secuelas y el dolor familiar.
Los datos son reveladores y algo más hay que hacer desde el Estado. Está bien que se diga que en este año el país tiene menos de 1 000 muertes violentas, después de dos décadas. Está bien que se entreguen reconocimientos a los policías que indagan homicidios.
Están bien las iniciativas para frenar el robo de los celulares, pero si el delito persiste hay que tomar nuevas acciones. En esto también tiene que ver la empresa privada, más aún la que está ligada con la telefonía. De hecho, en sus páginas web estas difunden recomendaciones para que la gente no se vuelva vulnerable a los delincuentes. ¿Falta por hacer más?
El usuario tiene su propia responsabilidad. Quizá lo que sugieren los policías suene trillado, pero tome precauciones cuando vaya con su teléfono por las calles. No está demás.