La cuenta por pagar de cada ecuatoriano se triplicó en la última década. Y lo más probable es que aumente en el presente año.
Hasta febrero pasado, a cada ciudadano del país le tocaba pagar USD 2 927 por concepto de deuda pública, aquella que contrata el Gobierno a nombre de todos. Hace diez años la factura llegaba a USD 949, según las cifras oficiales.
A esta cuenta por pagar se denomina deuda per cápita, que no es otra cosa que la división simple de la deuda pública para el total de la población.
Aunque a primera vista se trata de una operación simple, el Gobierno anterior se encargó de cambiar el concepto de deuda pública, lo cual redujo artificialmente la factura que deberá pagar cada ciudadano. Primero, dejó de registrar deuda pública porque le cambió de nombre: preventas petroleras, obligaciones comerciales, operaciones de liquidez, etc. Y luego, dividió la deuda en dos, con el fin de seguir contratando créditos que tenían limitaciones legales.
La deuda per cápita se convirtió en un misterio, porque incluso había contratos que no se podían conocer hasta que se terminen de pagar. Es como ir a un restaurante y pedir un plato de USD 10, pero al cancelar le dicen que la cuenta es de USD 15 y que no puede pedir una explicación por la diferencia. La Contraloría transparentó este tema con una auditoría a la deuda pública en el período 2012 y mayo del 2017. Determinó que el endeudamiento público representó el 52,5% del PIB hasta diciembre del 2016. Es decir, la cuenta por pagar de cada ecuatoriano aumentó a USD 3100. Y esa cuenta seguirá subiendo porque el Gobierno ha seguido contratando nuevos créditos.
Si bien era necesario transparentar la deuda pública, también hay que auditar el destino de esos recursos. Refinerías que no funcionan o que quedaron a medias, poliductos con sobreprecio, aeropuertos sin uso, etc., han costado varios miles de millones de dólares y serán pagadas por los ciudadanos con más impuestos.