Para un Gobierno que se jacta de tener la tasa de desempleo más baja de la región y de estar manejando bien la economía, la propuesta de flexibilizar las normas laborales no tiene lógica. Si no hay crisis económica, como dice el Régimen, no cabe ajustar las horas de trabajo a la menor producción de las empresas.
Pero el Ejecutivo sabe que la realidad es diferente. Con el anuncio de las reformas laborales está reconociendo el impacto de una crisis económica que viene tomando forma desde mediados del año pasado y que era previsible por la caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar y el modelo basado en el gasto público.
Aunque los efectos de esa crisis en el mercado laboral eran previsibles, el Gobierno se disparó en el pie y complicó más la contratación de trabajadores. En abril del año pasado eliminó el contrato a plazo fijo y con ello dejó a los empresarios con menos opciones para enfrentar un ajuste de la nómina ante una caída en sus ventas.
A los 10 meses se dio cuenta del error, pero la situación es tan compleja que ya no se arregla volviendo al esquema anterior. Ahora hace falta flexibilizar más las normas porque de lo contrario se dispara el desempleo, con todos los costos que eso implica en un año preelectoral.
Cómo será el escenario que vislumbra el Régimen que ahora debe olvidarse del discurso que mantuvo durante la bonanza petrolera. Durante nueve años dijo que era un buen negocio el aumento del salario básico porque esos recursos regresarían al bolsillo de los empresarios a través de las mayores compras que harían los trabajadores.
La propuesta ahora es reducir la jornada laboral y eso significa una reducción en los salarios, lo que a su vez impactará en la demanda y en la producción de las empresas. Se trata de un círculo vicioso que se rompe cuando haya un ‘shock’ de confianza que permita un ingreso masivo de recursos. Para el Régimen no se necesita, porque no hay crisis.