El desenlace de un momento crítico de la crisis de Cataluña llegó en serie de sucesivos acontecimientos.
El 21 de diciembre habrá elecciones regionales. Las convocó el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy. Horas antes el senado había aprobado la aplicación del artículo 155 de la Constitución que faculta al Gobierno intervenir en una crisis de esta magnitud. La crisis la provocó el Parlamento catalán, que votó por la ilegal independencia. Eso acarreó que Rajoy cesara al gobierno autonómico y reparara la situación convocando a elecciones parlamentarias. Hay un número importante de catalanes que es partidario de la independencia, pero una mayoría no lo es. Metroscopia, citada por el Diario El País, dice que el 46% de los catalanes quieren que siga siendo parte de España aunque con más competencias. El 29% quiere la independencia y el 19% mantener el estado actual.
El pacto parlamentario regional por la independencia se hizo de espaldas a la mayoría de votantes que sufragaron en las últimas elecciones por partidos anti separatistas. El antecedente de la declaración de la mayoría parlamentaria catalana de independencia es la votación ilegal del primero de octubre. Un número indeterminado de ciudadanos en Cataluña votó por la independencia sin padrones ni datos claros.
El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde Girona se opone a su destitución. Madrid podría aplicar una intervención dosificada, en el Govern, en la economía y en la administración y en seguridad, según sea necesario.
El mundo no reconoce una Cataluña independiente y la economía puede irse a pique. 1 700 empresas han salido estos días de la comunidad, caen las acciones en la bolsa. Según Datosmacro de Expansión, el PIB de Cataluña es el mayor de España, más 211 000 millones de euros de un total de 1 112 000 millones de todo el Estado español, esto habla de la debacle suicida que los independentistas se pueden inferir.