Muchos se preguntarán por qué en los últimos 13 días el presidente Rafael Correa desató un enfrentamiento político con los militares, a propósito de los 66 terrenos del Issfa que adquirió el Ministerio del Ambiente en el 2010.
Una explicación podría ser que el supuesto pago en exceso por esos lotes (USD 41 millones) podía estallar en cualquier momento, por lo que el Mandatario decidió evitarse cualquier fiscalización opositora. Otra, que Correa buscó con ese débito aliviar en algo la deuda que mantiene el Estado con el Issfa (de 260 a 219 millones).
Pero tampoco resulta descabellado suponer que lo que en verdad quiere el Gobierno es distraer la atención de la opinión pública sobre el tema más importante en la cabeza de los ecuatorianos: la economía.
De hecho, la desafortunada bronca del Presidente con los militares ha inspirado varias reflexiones sobre la debilidad patológica de la institucionalidad ecuatoriana. Sin embargo, la opinión pública parece haber ido mucho más allá de este análisis cuando lamenta la manera en la que Correa se ha acostumbrado a zanjar los problemas con su marcado voluntarismo. En época de crisis, cualquier desatino político podría minar la confianza en la economía.
El débito de USD 41 millones se ha cuestionado por ser poco respetuoso de los procesos contractuales de esta compraventa.
Entonces, ¿qué empresa se sentirá segura de invertir, cuando no existe una sola institución que impida a Correa actuar como lo hace? ¿Cómo se pretende acceder a crédito externo barato si el Régimen despierta tanta preocupación por la forma en la que relativiza su obligaciones pendientes, por ejemplo, con la seguridad social? ¿Quién puede evocar la justicia, cuando el poder mediático oficial solo cuestiona a los militares, pero dice que su exministra actuó de buena fe?
Confianza y sensatez son las principales medidas que debe tomar el Ejecutivo si en realidad quiere reactivar la economía.