La acertada decisión de conformar los Consejos de Seguridad Ciudadana, otrora denominados Juntas de Seguridad Ciudadana, creados en el 2001, mediante Decreto Ejecutivo 332c, significa una oportuna reacción ante la interrumpida conformación de un sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional, que atienda a los clamores sociales por una garantía de convivencia.
Asimismo, la prematura eliminación de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana dejó pendiente la creación de un Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y la consecuente determinación de una “Política Pública Nacional”, directriz básica para que se establezcan las políticas públicas sectoriales y los planes para ejecutarlas. Proceso que periódicamente debe ser evaluado y mediante informe rendir cuentas, tal como lo estipula el artículo 141 de la actual Constitución en referencia las funciones del Ejecutivo.
El nuevo liderazgo asumido por la AME para buscar solución a los problemas de inseguridad, significa una adecuada ejecución descentralizada de la planificación de la seguridad. No obstante su primera etapa de diagnóstico así como los objetivos y metas no pueden desvincularse de la información, de los datos cualitativos y cuantitativos georreferenciados . Por otra parte, no es posible prescindir de la información y de otras políticas relacionadas con la seguridad como las de prevención situacional, migración, educación, comunicación, justicia, rehabilitación social, que deben ser establecidas a nivel nacional para la conducción política del sistema, de acuerdo con la movilidad y los factores nacionales intervinientes en el fenómeno de la delincuencia y del crimen organizado transfronterizo.
Es de esperarse que la encomiable actitud y decisión asumida por la AME, sirva también para anular posiciones antagónicas que diluyen esfuerzos y abren espacios de mayor y más intensa acción delincuencial.
No olvidemos que el Ecuador ha formado parte del “Compromiso de la Seguridad Pública de las Américas”, en el marco de la OEA, y en junio del presente año de la Declaración de San Salvador sobre la Seguridad Ciudadana en las Américas. Se tiene en este mismo contexto, el aporte de la experiencia de los países para la creación de observatorios nacionales sobre criminalidad y violencia. Un manual indica los pasos para su creación, implementación, procesamiento y uso de la información, respetando las peculiaridades de los países.
Por lo tanto, no hay explicación para que el país siga en forma permanente con iniciativas semanales triviales, que pretenden causar impacto y aliviar la conciencia de responsabilidad ante las justificadas presiones sociales por obtener un bien público inalienable afectado por una espiral de acción delincuencial que parece salirse de control.