En 2012, cuando se cerraron 14 universidades que no pasaron las evaluaciones de las autoridades de educación superior, se ofreció a los estudiantes un plan para que sus estudios no se trunquen y sigan en las aulas, pero en otros centros de educación aprobados.
Se proyectó una inversión de USD 48 millones hasta el 2017 para sostener ese plan de contingencia. Pero cuatro años después -y a uno de cumplirse con esa fecha- un 59,5% de un total de 44 917 inscritos no ha podido graduarse, ha desertado del plan o siguen estudiando.
Varias razones explican la cifra. Algunos estudiantes optaron por seguir otras carreras y eso implicó comenzar de nuevo su recorrido universitario. Otros, en cambio, no estaban lo suficientemente preparados para encarar las exigencias de los cursos en los que fueron ubicados tras un examen. Tuvieron que repetir más semestres de los definidos inicialmente.
También hubo quienes se inscribieron de forma tardía en el plan de contingencia o lo abandonaron en medio del camino porque priorizaron su trabajo, su familia…
Se trata de un número importante de alumnos que invirtieron recursos económicos para estudiar en universidades que, en su momento, no tenían objeciones de las autoridades para funcionar.
Los alumnos se matricularon en esos centros, en algunos casos, porque ofrecían carreras que no existían en otras universidades, porque eran las únicas opciones que tenían en las provincias más alejadas y se ajustaban a sus presupuestos familiares.
Fue positivo que se impulse un proceso de calificación y evaluación, para que el país pueda quedarse con los mejores centros de educación profesional.
Sin embargo, era también una responsabilidad cubrir las ofertas de carreras y universidades que se quedaron fuera. Así como dar un seguimiento más estrecho a los estudiantes, para que el porcentaje de graduados mejore. Tuvieron cuatro años para hacerlo.