Los resultados de la primera vuelta electoral han sido, para muchos, sorpresivos. Un empate técnico entre las dos fuerzas con mayor respaldo de los electores, y un palmario distanciamiento de las 14 candidaturas restantes, 12 de ellas que no llegan cada una al 1 por ciento de sufragios, llama la atención.
El proceso electoral se ha desarrollado en medio de eventos que lo han convertido en una verdadera escaramuza. Muchas denuncias, acusaciones, espectáculos circenses y pantomimas para llamar la atención de los electores. A eso se suma la presencia de un entorno jurídico caracterizado por la comisión de irregularidades e incumplimientos de normas establecidas, frente a la ausencia del control que compete a instituciones perfectamente identificadas en la Constitución de la República.
Durante la campaña han primado iniciativas propias del marketing político, basado en mensajes subliminales, difusión de noticias falsas y rumores descalificadores de los candidatos rivales. Las propuestas de soluciones a los problemas prioritarios, del modelo de gobierno a adoptarse y de los objetivos más importantes que se pretenden alcanzar en favor de la población estuvieron prácticamente ausentes.
Los resultados de la primera vuelta podrían explicarse por algunos factores: una larga sucesión de eventos que han desconocido en la práctica la normativa electoral, e incluso a la Constitución de la República. El país ha sido un espectador pasivo, en medio de una gran anomia, del manejo de instrumentos jurídicos nada legítimos para manejar con discrecionalidad la aplicación de la licencia administrativa para ejercer campaña política, o para la realización de actos de campaña antes o después del periodo normal establecido. Y la laxitud o prescindencia de acciones de oportuno control por parte de las instituciones responsables, que han socavado la integridad de la democracia en el país. Estos sucesos han empañado la credibilidad en la pulcritud que merece una campaña política y, por lo tanto, han tenido influencia en los resultados de la votación. Lo más grave, sin embargo, es el deterioro de la institucionalidad que enfrenta el país, del Estado de derecho y de la seguridad jurídica.
El pronto inicio de la campaña para la segunda vuelta no tiene visos de disponer de las condiciones adecuadas para asegurar el respeto a las normas electorales y a la Constitución de la República. Existen indicios de una tendencia a utilizar todos los resquicios posibles para forzar el propósito de las reglas hacia la obtención de resultados deseados. De no existir un cambio radical en la actitud de los organismos de control electoral y en el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones tomadas por la Corte Constitucional, la irregularidad del proceso electoral estará asegurada. Esto produce un rechazo de la ciudadanía y desgasta a quien pretende actuar con la fuerza del poder, en desmedro del respeto a la norma.
El resultado que arrojan los escrutinios no refleja solamente la igualdad cuantitativa de las preferencias de los electores. En rigor, el país se encuentra ante una polarización más profunda que da lugar también al maniqueísmo, es decir, la división de los ecuatorianos que se califican como los buenos ante los malos, los defensores de la democracia frente a sus enemigos, los dueños de la verdad y los ignorantes. Esto explica también el fracaso de la mayoría de los candidatos que, en apariencia, podían ofrecer una tercera opción, pues el electorado se volcó hacia las dos opciones más fuertes. Es, también, una incapacidad demostrada por los políticos para proponer al país opciones con una visión actualizada del problema social actual del país, diferente a las declaraciones de buenas intenciones que no permiten diferenciar a las llamadas izquierdas de las derechas políticas.
Las perspectivas inmediatas no son halagüeñas para el país. Las reacciones ante los resultados de los escrutinios reflejan falta de voluntad política para encontrar nuevas respuestas a las necesidades nacionales. Estigmatizar a las regiones por depositar en las urnas su derecho a expresar su sentir y aspiraciones solamente conduce a profundizar la división de los ecuatorianos y a acrecentar su decepción. Esto y la presencia de infracciones electorales no solucionadas podrán ser los factores que diriman la presidencia de la república en un escenario de lucha voto a voto.
