La política económica del nuevo gobierno estará limitada por dos realidades: la pandemia y los acuerdos políticos para concretar reformas estructurales que conviertan al sector privado en el motor de la economía.
Durante los dos últimos años, el Régimen anterior buscó impulsar al sector privado, pero hubo pocos avances debido a su debilidad política, las diferencias entre sus funcionarios y la llegada de la pandemia, que trastocó todo y profundizó la crisis.
El nuevo Gobierno tiene la ventaja de empezar con un equipo nuevo, alineado en el mismo objetivo, con credibilidad y buena formación técnica, lo cual permitirá ir más rápido en temas que dependen de la gestión pública y que pueden resolverse vía decretos o resoluciones.
A su favor también está su plan económico, que comparte la filosofía de los organismos multilaterales como FMI, Banco Mundial, BID o CAF, los cuales serán clave para mantener el financiamiento que necesitará el país este y los próximos años. En junio o julio se prevé discutir otro acuerdo con el FMI, con nuevas metas para los próximos años.
Los antecedentes de octubre del 2019, las protestas en Chile, en Argentina y actualmente en Colombia, hacen prever que el FMI y el resto de multilaterales apoyarán un proceso gradual de ajuste, como es el objetivo del nuevo Gobierno.
Sin embargo, sí demandarán un plan creíble que permita avanzar en reformas estructurales, principalmente en materia tributaria, laboral y de seguridad social.
Pero tarde o temprano, el saneamiento de las finanzas públicas demandará de un aumento de ingresos fiscales, ya que la pandemia demostró que es necesario reforzar la presencia estatal en salud, educación y protección social. Quienes defienden que eso se puede lograr liberando recursos a través de una reducción del gasto improductivo deberán demostrar -con números- cuánto representa ese gasto, en qué áreas está, en qué tiempo se puede bajar y si es suficiente para generar un superávit fiscal, que es la única forma de reducir las necesidades de financiamiento y la deuda pública.
El nuevo gobierno sabe que la reducción del gasto no es suficiente y por eso propuso una reforma tributaria que, entre otros temas, busca reducir los USD 5 000 millones anuales que el Fisco deja de recibir porque hay bienes y servicios que no pagan impuestos, muchos de ellos de la canasta básica.
Ahí, el tema de fondo será definir quién dejará de beneficiarse de las exenciones tributarias. Y cuando se dice que serán los que más tienen, la pregunta es cómo se los identificará y si habrá suficientes ricos en el país para que paguen esa cuenta.
Hay que considerar que la pandemia no solo ha profundizado los problemas sociales sino que ha debilitado el tejido productivo, lo cual limita el número de posibles aportantes.
Los acuerdos políticos llevarán a que el ajuste empiece por reducir los beneficios tributarios a quienes tienen más recursos. La magnitud de la crisis hará necesario que más adelante se pase la factura a la clase media, ya que el ajuste será gradual.