El presidente Correa va a dedicar “los años que sean necesarios” a develar “uno de los mayores problemas de nuestra América: la prensa burguesa”, a la que calificó de “nuevo opio de los pueblos”. Asumió el compromiso en el discurso leído en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, el 24 de mayo del 2011.
Los medios privados en América Latina -grandes, medianos y pequeños- en su mayoría son de inversionistas “burgueses”. Un segmento reducido es de medios comunitarios y de sectores con fuentes alternativas de financiamiento, con formas cooperativas, e incluso con apoyo de fundaciones internacionales.
En los medios privados son muy difíciles mayores coincidencias, por las diversas corrientes de opinión y fuentes de información que se expresan por sus espacios.
En contraposición de los medios privados -burgueses o comunitarios- están los medios estatales.
Todos los gobernantes totalitarios han profundizado en el control estatal de la información y la opinión que en sus medios se publican. En el Ecuador los medios bajo control absoluto del gobernante y su entorno se multiplicaron con la incautación de los medios del grupo Isaías. Y no siempre es para lo que podría entenderse como “la versión oficial”. También los medios del Gobierno son para la mentira oficial.
Un caso reciente de mayo del 2011. La autoridad federal de control bancario de EE.UU. ha impuesto a las autoridades ecuatorianas la orden de silencio sobre lo sucedido en el Pacific National Bank, con domicilio en Miami, en cuanto a investigaciones sobre transacciones sospechosas provenientes del Ecuador. Ese banco es subsidiario del Banco del Pacífico y este es del Banco Central del Ecuador. La orden se da al mismo tiempo de nuevas sanciones relativas a las transacciones, que ya causaron, en marzo del 2011, la multa de USD 7 millones, que se pagó con una previa capitalización de USD 8 millones, con dinero desde el Ecuador. El antecedente, la prensa oficial, cuando la sanción de marzo del 2011, publicó que esa multa de USD 7 millones, a la que se allanó el Ecuador, re-nunciando a impugnarla, ha-bía sido por fallas que “se produ-jeron en un período determina-do del año 2005”.
¿Cuál era la verdad y el por qué de la sanción de marzo del 2011? Textual: “421 transacciones sospechosas por USD 577 millones, a partir de enero del 2007 hasta julio del 2010”–todas en época de Correa-.
En forma infamante la autoridad federal del país del norte impone a los sancionados el compromiso de “no realizar ninguna acción o declaración pública negando, directa o indirectamente, los actos específicos, omisiones o violaciones referentes a esta orden, o crear por otro medio la impresión de que la medida no tiene base”. Mordaza al Ecuador por publicitar mentiras oficiales. Y el Gobierno, ni pío.