Salvo honrosas excepciones que sí existen, la actuación de operadores de justicia sigue siendo cuestionada porque con sus fallos se han identificado con seguidores y ex altos funcionarios del correísmo. La pregunta es: ¿a cambio de qué? Luego de la evaluación y depuración de la Corte Nacional, con cuestionamientos a unos pocos nombramientos de conjueces temporales, hoy corresponde acelerar la evaluación y limpieza en las cortes provinciales y la justicia ordinaria. Quienes han litigado saben cómo funciona la justicia ecuatoriana.
No hay como descuidarse ni dormirse ni un momento porque ciertos jueces y juezas actúan diligentemente a favor de unos y lentos con otros. Basta citar casos últimos como el de un juez destituido en Manabí, que había tenido malos antecedentes y que había fallado a favor de una correísta que pretendía desconocer una decisión de la Función Legislativa.
Qué contraste con estos mismos jueces que actuaban ágilmente en la época nefasta del correismo. Sumisos se sometían a las órdenes de las sabatinas. Casuística: a un mayor del Ejército le tuvieron preso 7 meses (no hubo medidas sustitutivas) pese a un fallo previo de inocencia por el caso 30 S. A la prefecta de una provincia amazónica le persiguieron, le sacaron de la prefectura y le detuvieron sin contemplaciones. Esos abusos y arbitrariedades valían antes. Hoy la justicia tiene que seguir siendo correísta, pero al revés; no para perseguir ni condenar sino para liberarles pese a las abundantes pruebas que presenta la Fiscalía.
Qué más evidencia cuando el prófugo en Bélgica defiende la reciente decisión de una jueza a favor de tres de sus pupilos por el caso rebelión de octubre, que causó terror al país, lo que confirma la seria duda en la actuación de la justicia, a la que le metió mano en su gobierno. Sospechosamente, la jueza citó a la audiencia el 24 de diciembre y mientras se festejaba la Navidad liberaba a los tres acusados por la Fiscalía. Era otro aguinaldo de la justicia a favor del correísmo.
Según la Fiscalía, la revocatoria se dio pese a que se expusieron elementos de convicción que demostrarían que los procesados habrían participado en un presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al Gobierno. Además, defiende su pedido de prisión preventiva porque las otras medidas cautelares resultan insuficientes. No hay que olvidar que existen 15 prófugos del correísmo y 22 pagan penas en la cárcel.
El país exige a la justicia no más impunidad ni protección a los responsables de irregularidades. Los graves hechos de violencia, vandalismo y destrucción de octubre no pueden pasarse por alto luego del saldo de una decena de muertos, centenares de heridos, destrucción de 48 ambulancias, ataques a cuarteles militares y policiales e incendio de la Contraloría.