Todos los sectores imploran al Gobierno que cambie el modelo económico, para evitar que empeore la crisis y convierta la “década ganada” en una década perdida; pero el Gobierno está sordo y mantiene, impávido, el curso de las políticas que han llevado hasta la dramática situación actual. A los empresarios y a los trabajadores les preocupa la crisis económica porque bajan las ventas y suben los impuestos; aumenta el desempleo y disminuye la inversión.
El Gobierno provoca miedo porque anda buscando dinero, dentro y fuera del país, a cualquier precio, para mantener el inmenso e insulso aparato burocrático. Sin dinero para inversiones y para gasto social, sobran los empleados públicos.
Los economistas más experimentados han señalado que la crisis ecuatoriana no se debe solamente a la caída de los precios del petróleo, como asegura el Gobierno, sino a medidas equivocadas como el impuesto a la salida de capitales, las salvaguardias, el exagerado gasto público, la falta de inversión extranjera. De 15 países exportadores de petróleo, solo tres, Venezuela, Ecuador y Rusia, no van a crecer este año. Todos los demás proyectan crecimiento.
Lo que más asusta a los economistas es el dinero electrónico, porque temen que solo sea un invento para que el Gobierno tome los dólares de los ciudadanos ingenuos que abran cuentas en el Banco Central.
El economista Alberto Dahik, por ejemplo, ha explicado que con este sistema el Banco Central va a succionar recursos de la banca privada justamente cuando más se necesita para créditos y reactivación del sector productivo; más grave aún es la advertencia de que los recursos del público depositados en cuentas del Banco Central, se gastaría el Gobierno nacional, tal como se gastó los recursos del Biess, del IESS, del Issfa, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos cantonales, de los fondos de ahorro, etc.
Los turiferarios ya están pidiendo que se les pague los sueldos con dinero electrónico para hacer creer que es intercambiable con dólares y el gerente del Banco Central asegura que hay 19 500 puntos de canje. Los incentivos para el uso de dinero electrónico son importantes, hasta cuatro puntos menos del Impuesto al Valor Agregado, IVA, pero nadie puede garantizar un nivel de confianza suficiente para que los recursos depositados en el Banco Central sean importantes.
La famosa transitoria tercera de la Ley Orgánica de Solidaridad, que nadie logra interpretar con certeza, no aclara si mantiene o anula la obligación de respaldo de la moneda electrónica.
La crisis es consecuencia del envejecimiento del modelo populista que ha cumplido su ciclo; terminó de muerte natural en Argentina, cumple cuarentena en Brasil, agoniza estentóreamente en Venezuela y sufre de achaques terminales en Ecuador.
Mientras más larga sea la agonía, más penoso será el sufrimiento y la ética democrática prohíbe la aplicación de la eutanasia.