Advertencia por la CIDH

En una actitud que cabe calificar de valiente e inusual, un grupo de más de 130 catedráticos de derecho y relaciones internacionales de toda América Latina acaba de formular una advertencia que no debería ser desoída. Está referida a la peligrosa reunión especial de cancilleres que la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará el 22 de marzo próximo para debatir un presunto plan de "fortalecimiento" de los organismos regionales encargados de la defensa de los derechos humanos, que ciertamente no es tal, sino todo lo contrario.

En esa reunión se debatirán, en rigor, propuestas impulsadas por los países del llamado "eje bolivariano", acompañados por el Gobierno argentino, que apuntan a cortar las alas de esos organismos y a cercenar severamente su capacidad de ejercer la delicada misión que les ha sido encomendada, en defensa de las libertades esenciales.

Sin mayor disimulo, se pretende limitar seriamente las facultades de esos cuerpos, muy particularmente cuando de defender la libertad de expresión e información se trata. Todo esto se efectúa en medio de loas a los derechos humanos y a las libertades civiles y políticas que se dice defender y son lanzadas apenas retóricamente, a la manera de biombos.

Los organismos afectados son nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la activa, eficiente y talvez por eso molesta Relatoría Especial para la Defensa de las Libertades de Expresión e Información.

Para los académicos e intelectuales de nuestra región cualquier reforma que se pretenda llevar adelante en contra de la propia Comisión Interamericana es incompatible con el derecho internacional y regional. Más aún cuando con ella se pretende afectar la autonomía e independencia del organismo. Aclaran que los Estados no pueden reformar el Estatuto de la CIDH, sin que esa iniciativa haya partido de este mismo órgano, que es quien debe, precisamente, supervisar a los Estados.

El procedimiento del artículo 39 de la Convención Americana es de aplicación no sólo para el primer proyecto de Estatuto, sino para cualquier futura reforma, como la que ahora apunta a debilitar solapadamente a la CIDH, cuerpo que, por su naturaleza y funciones, debe cuidar su propia autonomía.

Entre la CIDH y los derechos humanos hay, nos dicen, una relación de dependencia. Desnaturalizar y debilitar las herramientas con las que cuenta esta comisión para poder cumplir su mandato es casi como admitir que los derechos humanos se quedarán sin instancias regionales en las cuales se pueda reclamar su respeto. Es competencia del órgano elegir las medidas idóneas para poder ejercer su labor. Ignorar esta circunstancia es debilitar a la CIDH, lo que resultaría gravísimo para toda la región, más allá de los disimulos de los proponentes.

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