Ante anuncios de nuevas entregas de dinero de propiedad de los afiliados del IESS, a favor del Gobierno, hay más preguntas que respuestas. El primer hecho, no discutido, es que la deuda de los gobiernos alcanza ya a 1 198 millones de dólares, erogados –una buena parte- desde que el político señor Ramiro González entró a presidir el Consejo Directivo de la Entidad.
Otro hecho: el Ministerio de Finanzas no paga los préstamos, por lo que el barril sin fondo llamado IESS ha debido asumir la totalidad de los pagos de los servicios a los afiliados, pues el Estado no los paga al Seguro desde hace 22 años. Pero debe dar los servicios a todos los afiliados, aunque los incumplidos gobiernos no entregan las aportaciones que le corresponde por los empleados públicos; o, al menos, no en totalidad.
En la actualidad, cuando las leyes son como de plastilina, en una cacareada Constitución de la República, el art. 371 ordena al Estado incluir las deudas en el Presupuesto y transferirlas oportunamente; y el art. 372 ordena que los fondos y reservas “serán propios y distintos de los del Fisco, y servirán para cumplir en forma adecuada los fines de su creación y sus funciones” .
Pero como la mora es persistente, el Seguro debe usar su patrimonio dedicado a invalidez, vejez y muerte, para cancelar a 260 mil jubilados y pensionistas, como también los seguros de riesgos del trabajo y campesino. El señor Édison Lima, presidente del Frente Dignidad y Derechos Humanos de los Jubilados (en ausencia de su representante que no dice ni pío), revela que ese 40% en mora no permite al Seguro elevar las actuales pensiones de jubilación. Pero los miembros del Gobierno, incluidos la ex Ministra de Finanzas y el propio Presidente del Consejo Directivo, justifican la inversión en bonos del Estado; y, ahora, también en posibles proyectos energéticos, comprometiendo hasta el 61% del portafolio de inversiones en su principal cliente moroso.
Los servicios del Seguro continúan más o menos iguales, particularmente en atención médica. Se dice que han contratado algunas clínicas para que atiendan a los afiliados, pues no alcanzan a embodegarlos en el Hospital Andrade Marín, pero no hay información sobre cuáles son, ni qué hay que hacer para utilizarlas. Ojalá, cuando ya atiendan, alguna entidad interna del IESS no emita una resolución concediendo plazo mínimo para el reclamo y lo nieguen, como ha sucedido en el último tiempo.
Se ofrece el consuelo de que el dinero invertido en Ecuador rinde más altos intereses que si se los mantuviera en el extranjero. La única diferencia parece ser que la plata colocada en el exterior está segura; pero la prestada a nuestros gobiernos, no; aumenta la mora.
Los representantes de los afiliados en el IESS, no dicen ni esta boca es mía; o, al menos, no se alcanza a escucharlos.