Sorprendió negativamente la arrogante actitud del presidente de la Corte Constitucional, al responder la carta de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura para que la CC revise algunas decisiones sobre habeas corpus, que habrían posibilitado su concesión a delincuentes comunes que cumplían penas de prisión.
También inaceptable la carta de los presidentes de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura, en la que soslayan la responsabilidad fundamental de los jueces que, en procedimientos amañados e ilegales, aceptaron las peticiones del exvicepresidente, el jefe de una de las mafias narcos y de un extranjero en proceso de extradición a su país. Ninguna de esas decisiones se ajustó a los requisitos determinados por la Corte Constitucional para los habeas corpus correctivos. Y evidentes, además, las mañoserías curiales para llegar al juez conchabado para liberar a los delincuentes. Y evidente también el extraño comportamiento de los delegados del gobierno en las correspondientes audiencias.
La Corte Constitucional ha fijado las siguientes condiciones para que procedan los habeas corpus correctivos: se concedan de manera excepcional, se trate de condenados por delitos no graves, no exista riesgo para las víctimas y no produzcan conmoción social. Por tanto, no son las decisiones de la CC la causa principal de las liberaciones ilegales, sino la venalidad de los jueces que las concedieron. Por tanto, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional tienen la obligación inexcusable de frenar los abusos de jueces y curiales y castigar ejemplarmente a sus responsables.
Pero la Corte Constitucional tampoco es ajena a estas vergonzosas resoluciones judiciales. Está obligada a revisar la decisión que blinda a los jueces constitucionales del delito de prevaricato y tener en cuenta que sus sentencias se han de aplicar a la realidad ecuatoriana y no se trata de documentos teóricos para los claustros académicos.