El gasto es la razón de ser de este Gobierno, lo que justifica su existencia y orienta su trabajo. Las autoridades están convencidas de que gobernar es gastar; de que solo se puede cambiar un país inyectando sumas gigantescas de dinero público a la economía.
Se trata, por una parte, de una fijación ideológica: este Régimen desconfía de los empresarios -a quienes considera explotadores, evasores de impuestos, etc.- y, por esa razón, se opone a que tengan un rol más preponderante en la economía y en la sociedad. El gasto público es una manera fácil de limitar el crecimiento del sector privado porque, a través de ese gasto, el Estado toma espacios que antes eran ocupados por aquellos empresarios.
Pero la adicción del Gobierno al gasto público también tiene una explicación más prosaica: el dinero del Estado se ha convertido en el único medio capaz de garantizar la lealtad política que este Régimen necesita para estacionarse largo tiempo en el poder.
El Código de Planificación y Finanzas Públicas enviado por el Ejecutivo a la Asamblea consagra esa adicción del Gobierno al gasto público. El anotado documento crea los mecanismos para que el Régimen opere en un entorno similar al que existiría sin dolarización.
El ejemplo más evidencia de ello está en una disposición que permite a los bancos encajar con bonos del Estado. De esta forma, cuando el Gobierno necesite más dinero podrá subir el encaje y entregar a los bancos (y a sus depositantes) papeles de deuda pública a cambio de ese efectivo.
Es una forma sutil de ‘monetizar el déficit’, en ausencia de una moneda propia. En esta misma línea, la mencionada propuesta de ley también abre la posibilidad de crear mecanismos de financiamiento diferentes a la deuda. ¿Acaso estamos hablando de una unidad de valor paralela al dólar?
El Código de Planificación y Finanzas Públicas también prevé la posibilidad de que los fondos del IESS, de las empresas públicas y de los bancos estatales sean manejados en una cuenta única del Tesoro. Esto podría causar que los recursos de aquellas entidades sean desviados para cubrir otro tipo de gastos (aumento de sueldos, subsidios o transferencias, por ejemplo). Si eso ocurriese, el riesgo de contaminación de una eventual crisis fiscal se extendería hacia la seguridad social o hacia el sistema financiero…
El Gobierno entiende los beneficios inmediatos de gastar a manos llenas, pero parece no entender que es imposible subir el gasto a base de deuda exclusivamente. Más temprano que tarde ese esquema de sobreendeudamiento se agota, provocando pérdidas ingentes para sectores masivos de la población. Por el bien del país, ese Código no debe ser aprobado por la Asamblea.