Hace pocos días, el presidente Correa informó que ha resuelto que el Ecuador se adhiera a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. En realidad, la decisión fue tomada el año 2002 por el presidente Noboa, después de amplias consultas y análisis de carácter jurídico, político y técnico, con la eficaz participación del Instituto Oceanográfico de la Armada. De inmediato se iniciaron las gestiones para ponerla en práctica. Todos los gobiernos que sucedieron a Noboa respaldaron esa política de Estado.
Noboa pidió el dictamen del Tribunal Constitucional, que se pronunció favorablemente en junio del 2003, por unanimidad. La Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, por su parte, emitió informe favorable en enero del 2004, lo que fue ratificado en los años 2006 y 2007. El gobierno de Correa reiteró esa política cuando pidió al Congreso en el 2007 y a la Asamblea en el 2008 aprobar la adhesión a la Convemar.
La Convención fue el resultado de más de una década de trabajos, en los que participaron todos los Estados miembros de la ONU, que a la época eran alrededor de 150. Hubo, en consecuencia, una participación universal y democrática y el derecho internacional así creado por la comunidad de naciones merece el calificativo que se le ha dado de “Constitución de los Mares”. Fue aprobada en 1982 y se encuentra vigente. Hasta el momento forman parte de ella 160 Estados.
Un factor que influyó de manera decisiva en la Convención fue la política de los países del Pacífico Sur -Chile, Ecuador y Perú- que, con anticipación visionaria, habían proclamado sus derechos de soberanía y jurisdicción sobre un mar de 200 millas. Defendida con la mayor determinación y eficacia, esa tesis dio origen a la llamada zona económica exclusiva de 200 millas, consagrada en la Convención.
Al adherir a la Convemar, el Ecuador contará con el aval de una norma internacional de carácter universal para defender sus derechos e intereses. Tendrá un mar territorial de 12 millas y una zona adicional de 188 millas sobre la cual ejercerá derechos de soberanía y jurisdicción exclusivas; tendrá una plataforma continental de 200 millas que, en las Galápagos, podrá extenderse hasta 350 millas; participará de los beneficios de la explotación de las riquezas de los fondos marinos situados fuera de su jurisdicción; tendrá derechos sobre las especies de peces que periódicamente emigran fuera de las 200 millas; podrá proclamar al golfo de Guayaquil como bahía histórica; y añadirá un nuevo sustento jurídico al que ya existe en los acuerdos de 1952 y 1954 para utilizar el paralelo como límite marítimo con sus vecinos.
Por todas estas razones, es conveniente que el Ecuador adhiera a la Convemar. Bien hizo Noboa en decidirlo y bien hace Correa en ratificar esa política de Estado.