El acuerdo firmado por Ecuador con el FMI difiere con los anteriores de manera importante. En primer lugar, es un acuerdo de tres años, no uno, por la necesidad de reformas estructurales. Ecuador, en la última década, descuidó el control de la inflación, y como está dolarizado, no puede devaluar. El Fondo estima que los precios ecuatorianos están 31% por encima de lo que deberían. Por ello Ecuador exporta poco e importa mucho. El programa tiene que incluir medidas que reduzcan esa brecha de costos con nuestros competidores. Tarea difícil porque las monedas de nuestros vecinos tienden a devaluarse. Este es el problema que toma más tiempo en resolver, y es por eso que para los próximos cinco años no se prevé que el país retome un fuerte crecimiento.
Otro aspecto importante es que el programa incluye metas de gasto social. Como el ajuste significa que los ciudadanos tendremos que entregarle más dinero al Estado, se busca aislar de ese ajuste a los más vulnerables. Antes, los acuerdos con el FMI no contenían consideraciones sociales. Si bien se reducirá la inversión pública de infraestructura económica, aumentará el gasto social.
Tampoco es un acuerdo en que se estipula un sinnúmero de medidas que el gobierno tiene que implementar. Al Fondo, lo que le importa es que el déficit se convierta en superávit, de manera gradual. Cómo se hace, lo deciden las autoridades. El otro aspecto al que el FMI hará seguimiento es la flexibilización laboral, al menos para nuevos empleados. Bajo el régimen vigente, las empresas son renuentes a contratar. Las nuevas inversiones son para hacer más con los mismos empleados, y no reemplazar a los que se jubilan o retiran. Es necesario crear las condiciones para que aumente el empleo formal.
En esta ocasión parecería que no hubo mayores negociaciones. El Fondo habría aprobado los objetivos planteados por las autoridades, y las conversaciones fueron de naturaleza técnica. El compromiso del gobierno es darle la vuelta al problema fiscal. En 2016, último año de Correa, el sector público en su concepción más amplia incurrió en un déficit de USD 8.200 millones. Moreno lo redujo a USD 1.000 millones para 2018, una mejoría sustancial. El Programa plantea un superávit de USD 3.400 millones para 2023, una mejoría de USD 4.400 millones lograda gradualmente durante el quinquenio. El programa podría haber sido más equilibrado en cómo repartir el costo. Para 2023, en relación a 2018, se espera que lo que pagamos los contribuyentes aumente en USD 2 200 millones, y lo que pagamos los usuarios de combustibles, USD 2 000 millones. Pero en cuanto al gasto en burocracia, el “sacrificio” es que no aumentará. Hubiera sido más justo que la factura la paguen por partes iguales los ciudadanos (impuestos y recorte de subsidio) y el Gobierno (reducción de burocracia).
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