José Adán Silva

Más acoso al periodismo

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Sábado 19 de mayo 2018


Agresiones a periodistas, persecución a los gremios de los comunicadores, censura directa y campañas de desprestigio son un alto costo que la libertad de expresión de Nicaragua ha pagado desde que comenzaron las protestas ciudadanas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en abril.

Se trata de la culminación de “un proceso de degradación en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión” durante los 11 años de presidencia del exguerrillero sandinista, aseguró a IPS el decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales, Adrián Uriarte.

Para el académico en este tema el gobernante del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) casi está llegando al nivel de los peores años de la dictadura de la familia Somoza (1934-1979).

Este martes 9, más de 200 periodistas, directores y dueños de medios independientes firmaron en Managua una declaración donde demandan al gobierno de Ortega y las instituciones del Estado, “el respeto al ejercicio del periodismo” y “seguridad para ejercer el derecho irrestricto a la libertad de expresión”.

También requirieron una investigación independiente sobre los sucesos violentos desde que comenzaron el 17 de abril las protestas sociales, que aún se mantienen pero con menor virulencia. Recordaron que su saldo hasta ahora es de más 47 personas muertas, más de 400 heridas o detenidas y daños graves a periodistas, así como la destrucción de equipos y recursos de los medios de comunicación.

Este mismo martes 9, Managua fue escenario de una nueva gran marcha de estudiantes, campesinos y sociedad civil, en demanda de justicia y democracia para el país, que se desarrolló sin incidentes, y que el gobierno contrapuso por primera vez con una manifestación a su favor por parte de sus adeptos.

El decano Uriarte consideró que desde que Ortega volvió al poder en 2007, se estableció “una política de comunicación excluyente” que brindaba todas las facilidades y el apoyo del Estado a “los medios del poder ciudadano” y vetaba de entrada el acceso a la información y el ejercicio del periodismo independiente a los demás medios.

Esa política, según Uriarte, generó una acumulación de medios a favor del gobierno, mediante la compra de canales de televisión, radios, medios impresos y la proliferación de portales digitales, mientras espacios de prensa independiente iban siendo cerrados y ahogados económicamente mediante la aplicación de medidas fiscales y el retiro de la publicidad estatal.

“Eso fue mermando la calidad de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo”, aseguró Uriarte, quien puntualizó que el período más crítico ocurre desde el comienzo de la actual ola de protestas.