Óscar Collazos

El acoso que no cesa

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Sábado 29 de septiembre 2012
29 de September de 2012 00:02

En febrero del 2011, la Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) publicó un informe extraordinario sobre la situación de la prensa y los periodistas en Colombia. En uno de los apartes del informe, Ignacio Gómez, entonces presidente de la Fundación, señalaba que “la comparecencia ante los tribunales se convirtió en un método que las personas interesadas en acallar la prensa están utilizando para sacar al periodista de su oficio (...)”.

Los abogados y sus clientes saben que la amenaza de procesos legales crea una atmósfera de miedo que conduce a la autocensura. El periodista se ve expuesto a fallos adversos gracias a la influencia que personas política o económicamente poderosas ejercen en el aparato de justicia.

Según resalta la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia C-442-11, en la que declara “que los jueces que conocen casos relativos a injurias y calumnias deberán realizar una interpretación restrictiva de estos tipos penales de forma que se favorezca la visión expansiva de la libertad de expresión, la cual goza de un carácter privilegiado en el ordenamiento jurídico colombiano”.

Estas advertencias no han impedido el aumento de demandas o denuncias por injuria y calumnia. Pero si se examinan los textos, se verá que el contenido se ajusta a la libertad de expresión y que muy pocas veces rebasan el límite de la legalidad. Se deberían conseguir, no nuevas limitaciones y condicionamientos a estas libertades, sino mayores garantías institucionales al oficio de informar y opinar. Ni siquiera la Corte Suprema de Justicia pudo sustraerse por unos días al acoso judicial cuando amenazó con demandar a las periodistas Cecilia Orozco y María Jimena Duzán.

Conozco casos de “protestas” elevadas a directores y gerentes de medios por personajes del mundo empresarial y político, en las cuales se sugiere censurar a periodistas con el argumento de que han violado la confianza de sus directores o se han excedido en la libertad de expresión.

Tengo en mi poder cartas y correos de un abogado que me amenaza (será notificado de las respectivas acciones judiciales) en nombre de su cliente empresario. No es la primera vez. Tampoco será la última: tengo más razones morales y legales para insistir en mi posición crítica que ellos para sustentar sus acosos judiciales.

Cada día son más sutiles las trampas tendidas a la ley y más laxas las relaciones entre poderes públicos e intereses empresariales. Los organismos de control son muchas veces sus aliados. Cuando se trata de impedir el ejercicio democrático de la crítica por medio de artimañas ‘legales’, el periodismo se enfrenta a una amenaza quizá más constante y sutil que la ejercida por las organizaciones criminales.