Fue fundada el 24 de julio de 1909 y en pocos meses cumplirá 105 años. Es de las exclusivas instituciones destinadas para el registro, análisis y conservación de documentos, promover investigaciones, editar y fichar los libros de todos y cada uno de los hechos gestados en el seno de la sociedad ecuatoriana, y de su anterior etapa colonial española. A través del Director se convocó a Junta General el 22 de octubre del 2013 integrada únicamente por los “Miembros de Número” para cambiar su Directorio, después de dos años en funciones.
La otra institución del mismo nivel es la Academia Ecuatoriana de la Lengua, con casi 140 años de existencia concedida por la sede mundial de Madrid en 1875 que constituyó el primer directorio presidido por el historiador Pedro Fermín Cevallos. El Congreso ese año le dotó de 600 pesos para cumplir sus objetivos “que honran a la nación”. Entre esta y la de Historia hay una fusión de objetivos, tanto que la presidenta Susana Cordero afirmó “lamento no haberme iniciado en la investigación histórica y haber creído más en la literatura que en la historia”.
Como miembro correspondiente de la Academia de Historia conozco el texto de una copia del documento entregado el 19 de febrero del 2014 a la Cámara de Comercio de Quito, por iniciativa de siete “Miembros de Número”, quienes han aceptado una sugerencia del Dr. Juan Cordero, director que presidió la Junta aludida para aplicar el Art. 49 del Estatuto que dice: “En caso de existir controversias, se someterá a la Cámara de Comercio de Quito”. Como se trata de una sesión fallida, que no se ha solucionado al interior institucional, es mejor transcribir una parte: “Instalada y a través del Secretario, al verificar el quórum se constató que sí había con la presencia de 15 académicos por ser más del 50% del total de 28…se procedió al análisis de los votos consignados por quienes no podían concurrir, en razón de que hacía falta claridad para aceptarlos, porque unos estaban en manos del Director, lo cual era irregular, y otros en la Secretaría, como debía ser, sin que se conozca su número total, ni a favor de cuál candidatura. En el debate sobre este asunto, se concluyó en que no se había aprobado un reglamento interno que determine el procedimiento. Enrique Muñoz Larrea presentó una moción de suspender esta Junta. Sin embargo de tener apoyo, no fue calificada de procedente, y el Director impuso el criterio de que se continuara con el orden de día. Ante estos hechos, nos retiramos de la sesión seis académicos y minutos después se separó el Secretario. Quedó la sesión con ocho personas, sin el quórum que tuvo al instalarse, y por eso no existe acta válida de la supuesta designación de Jorge Núñez Sánchez como Director, quien fue posesionado antes de levantar la sesión, y dejando pendientes seis designaciones indispensables “.
Esta Junta fallida produjo un grave proble ma institucional. La sede nacional, sus núcleos provinciales y la opinión pública anhelan que se resuelva lo más pronto posible.