Hace pocos días las autoridades económicas anunciaron al país la posibilidad de aplicar una “devaluación fiscal” para mejorar la capacidad de competitividad de las exportaciones. Es útil recordar que la devaluación, atribuida más a reformas vía decretos ejecutivos, y la depreciación cambiaria, pérdida de valor de una moneda por las condiciones del mercado internacional, son fenómenos monetarios y cambiarios que al estar el Ecuador dolarizado no pueden aplicarse. Sin embargo, el objetivo de una devaluación es principalmente abaratar la producción exportable, encarecer las importaciones y robustecer el sector externo.
Este propósito en el caso de la devaluación fiscal se lo pretende alcanzar pero a través del sistema tributario y de contribuciones a la seguridad social, tal como se lo aplicó en España en el 2014 o en Francia en el 2012.
El IESS es una institución con serios problemas de sostenibilidad, solvencia y ahora hasta de liquidez. La deuda interna del Estado llega a aproximadamente USD 13 mil millones, el déficit actuarial que no es más que la deficiencia hoy día para cumplir jubilaciones futuras, dependiendo de los supuestos que se utilicen, puede llegar hasta el equivalente al PIB de país, es decir, USD 100 mil millones. El aporte del Estado a las pensiones que fue del 40% fue retirado por el gobierno anterior. El gobierno no le paga las deudas por concepto de atenciones de salud por enfermedades catastróficas. Tiene excesos de gastos administrativos y graves problemas de gestión hospitalaria. Con todos estos antecedentes, ¿ahora el gobierno anuncia que la devaluación fiscal se aplicaría reduciendo el aporte de los empleadores a la seguridad social? ¿Otro sablazo más al IESS?
También añade el gobierno que esa contribución que reduciría el gasto del sector productivo se compensaría con un aporte del Estado al IESS. El Presupuesto del Estado tiene un déficit cercano a los USD 8 000 millones, (8% del PIB), necesidades totales de recursos para este año, incluyendo el déficit anotado, de USD 18 000 millones, una deuda pública total real que ya supera los USD 60 mil millones siendo además de corto plazo y a tasas elevadas y un tamaño de Estado que está sobre el 40% de PIB, el doble de lo que fue entre el 2000 y el 2007. En esas condiciones, ¿es creíble que el gobierno le pueda pagar al IESS lo no aportado por los empleadores al IESS?
Si el gobierno le pagara al IESS en bonos de Estado le cambiaría liquidez por un papel de difícil conversión en efectivo al tiempo que comprometería pensiones futuras de la seguridad social. Si el pago fuera en efectivo, por las condiciones actuales de la seguridad social, sería con más endeudamiento probablemente externo. Todo abriría un hueco para cerrar otro. Parece que se sigue sin entender que el país requiere un programa económico integral y no parches.