Andrés Vallejo

Aborto por violación

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Viernes 15 de febrero 2019

Se discute en la Asamblea la reforma a la ley que penaliza a las mujeres que abortan y a los médicos que lo practican. No soy ni es la sociedad partidaria del aborto, pero ignorar que hay circunstancias diferentes y casos espantosos es irresponsable e inhumano. El tema es muy complejo y están en juego consideraciones morales, éticas, de salud y religiosas. Ni la permisividad que puede tener otras consecuencias, morales y físicas, ni el extremo que lleva a condenar a mujeres no solo a la cárcel, sino a las implicaciones psicológicas que actos de esta naturaleza tienen, y a los niños así concebidos, a una vida incierta y dolorosa.

La ley permite el aborto en casos de violación a mujeres discapacitadas o en caso de peligro para la vida de la mujer. Penaliza todo lo que no se enmarque en las dos circunstancias citadas. Y hay una realidad que sobrepasa toda imaginación. 17.748 niñas entre 9 y 14 años fueron violadas entre 2009 y 2016, ocho por día. Solo 449 casos fueron denunciados a las autoridades. La mayoría de las violaciones se produjo en el entorno familiar, es decir, por padres, hermanos, parientes. Más de 20.000 niñas menores de 14 años dieron a luz entre 2008 y 2018. 718 tenían menos de 10 años. En más de un 70%, las niñas gestan con infección de vías urinarias y anemia, con riesgo para sus vidas y las de las criaturas concebidas.

128 niñas quedaron con lesiones físicas o psicológicas permanentes. Cuando acuden a un centro de salud reciben la instrucción de continuar con el embarazo, so pena de ir a prisión.

515.983 adolescentes, entre 15 y 19 años alumbraron en los últimos diez años. 128.995 sufrieron violencia sexual y tuvieron su embarazo producto de una violación. Ecuador es el segundo país en América Latina en embarazo de adolescentes.

328 mujeres han sido sometidas a juicio y recluidas en prisión al solicitar atención en el sistema de Salud por abortos en curso o por partos prematuros, bajo sospecha de aborto provocado. Todas ellas son mujeres pobres y son menores de veinte años.

La violencia contra las mujeres y sus consecuencias no son solamente asuntos de justicia y respeto a los derechos humanos. Las estadísticas lo convierten también en un asunto de salud pública.

Ilustra la discusión en la Asamblea la valiente intervención de la asambleísta María Mercedes Cuesta. Su testimonio, conmovedor, es aleccionador y debe ser tomado en cuenta. La Asamblea tiene la obligación de considerar todos estos factores. Prever abusos que puedan presentarse, estableciendo normas para los casos de violación, que deberían ser denunciados oportunamente y siguiendo un protocolo establecido. No se trata de abrir la puerta indiscriminadamente. Se trata de proteger a mujeres indefensas de las consecuencias del abuso y de la violencia. Evitarles un futuro marcado por daños físicos y psicológicos que le afecten irreversiblemente y que marquen también la vida del niño concebido en esas condiciones.