Los acontecimientos desencadenados en Quito, incluidos los enfrentamientos armados entre policías sublevados y miembros del Ejército, transmitidos en directo por los medios de comunicación, causaron, una vez más, alarma en Latinoamérica.
Las protestas de grupos de policías y militares en contra de una ley que privará de una serie de beneficios económicos a la administración pública -y no solo a los uniformados-, derivaron en una abierta insurrección.
Frente a este cuadro, decretar el estado de excepción fue una señal de que tanto el Gobierno como los demás poderes del Estado se mantenían en funciones, y se quería restablecer la normalidad institucional a la brevedad.
Esto incluyó el respaldo y obediencia a ella de las FF.AA., como lo explicitó el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ese acatamiento constitucional se vio corroborado con el operativo de rescate de Correa, protagonizado por el Ejército al anochecer, desde el hospital, cuando se cumplían 15 horas del inicio de la revuelta.
En medio de esta violenta experiencia que le ha tocado vivir, las primeras palabras de Correa estuvieron destinadas a agradecer los gestos de lealtad y a atacar a quienes presume responsables de lo sucedido, insinuando una utilización de la Policía por parte de sectores políticos de oposición. Sus efusivas expresiones se entienden en el contexto emocional del momento. Sin embargo, para evitar el agravamiento de la actual situación, parece vital acotar claramente el alcance de la crisis y sus actores y, desde luego, que el gobierno del presidente Correa se abstenga de transformar esto en un pretexto para aniquilar a la oposición política y social, cuyos dirigentes no han mostrado ninguna solidaridad con la revuelta.
Tampoco debe serlo para que otros gobiernos -afines o no a la actual administración- intenten interferir en el desenvolvimiento interno de ese país.
Al parecer, no se estaría ante un intento de arrebatar el poder a un Gobierno electo, sino de crear por policías y militares sin liderazgo conocido una anómala situación que fuerce a revocar la polémica ley que ellos perciben como atentatoria de derechos esenciales.
La comunidad internacional brindó rápidamente su apoyo al gobierno de Correa. La reunión de emergencia de la Unasur muestra que algunas lecciones de la crisis del año pasado en Honduras se aprendieron. En esta existe hoy conciencia de la importancia de una reacción oportuna y enérgica.
Este criterio incluye al gobierno de Correa, que pese a llevar adelante muy discutibles modificaciones a la estructura del Estado e intentar, entre otros, modificar las leyes que determinan el funcionamiento de los medios de comunicación, todavía está muy lejos del modelo autoritario y excluyente impuesto, por ejemplo, por el presidente Chávez.