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El caso de Leonel, el perro que sufrió una violenta agresión en Quito, abrió una discusión sobre el maltrato animal, pero también puso la atención sobre las posibles sanciones que enfrentaría el responsable.
El lunes pasado 18 de mayo de 2026, la historia del animal conmocionó a cientos de personas en redes sociales. Mientras Leonel permanece bajo cuidados veterinarios y terapia conductual, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ya inició un procedimiento administrativo sancionador.
Según el Código Municipal y las disposiciones relacionadas con bienestar animal, existen al menos dos posibles infracciones dentro del caso de Leonel.
La primera apunta a no buscar atención veterinaria para el animal tras la agresión. Esa conducta se considera una Infracción Grave. La segunda corresponde a provocar daño o sufrimiento intencional, una falta catalogada como Muy Grave.
La normativa establece que no brindar atención veterinaria preventiva o curativa puede sancionarse con una remuneración básica unificada, equivalente actualmente a 482 dólares. También existe la posibilidad de reemplazar esa sanción por 168 horas de servicio comunitario.
Pero la infracción más severa podría representar una multa mucho mayor.
El Código Municipal contempla una sanción de 10 salarios básicos unificados para quienes provoquen daño o sufrimiento intencional a un animal. Con el salario vigente en Ecuador, la cifra alcanzaría los 4 820 dólares.
La AMC confirmó que el procedimiento administrativo ya arrancó formalmente.
El agresor cuenta con 20 días para ejercer su derecho a la defensa y presentar pruebas o argumentos de descargo. Después de esa etapa, el expediente pasará a resolución. Ahí, un funcionario de la AMC actuará como autoridad resolutora y definirá si existen responsabilidades y qué sanciones corresponden.
La resolución puede tardar hasta 30 días.
Mientras avanza el trámite sancionador, la situación de Leonel todavía permanece bajo análisis.
La Unidad de Bienestar Animal (UBA) confirmó que la tutora del perro tiene derecho a solicitar su devolución. Sin embargo, la entidad municipal intenta evitar ese escenario.
Los abogados de la UBA preparan informes técnicos y jurídicos para sustentar que Leonel permanece en una situación de vulnerabilidad y que no debería regresar a ese entorno.
Más allá del proceso legal, el estado del perro todavía preocupa a los especialistas.
Karina Guerrero, etóloga de la UBA, explicó que Leonel llegó con dolor, inflamación y señales de miedo extremo. Incluso reaccionó con temor ante movimientos bruscos durante las primeras evaluaciones.
Ahora recibe tratamiento médico y terapia conductual para recuperar la confianza en las personas.
El proceso incluirá refuerzo positivo, contacto progresivo con humanos y socialización supervisada con otros animales.
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