TEMAS EN DEBATE
La migración siempre ha sido un puntal dentro del discurso oficialista en estos 10 años de Gobierno. En el 2007, poco después de llegar al poder, el presidente Rafael Correa señalaba que el éxodo de ecuatorianos hacia Estados Unidos, España, Italia y otros países era el reflejo del fracaso de decisiones económicas y políticas que Ecuador había aplicado en los últimos 20 años.
El accidente vial del 7 de marzo de 2017 pasado dejó 12 muertos y 25 heridos en la vía Guayllabamba-El Quinche. Pero cuando apenas comenzaba este año, otro siniestro causó 20 fallecido en la carretera Yaguachi-Jujan.
Los roces entre Gobierno y militares son sucesivos. El último conflicto se produjo el 5 de marzo pasado, cuando el presidente Rafael Correa cesó en sus funciones al entonces jefe del Ejército, Luis Castro.
Los casos de corrupción en Petroecuador y Odebrecht desataron una serie de reacciones en el país. Sobre todo, cuando en el primer caso la justicia señaló al exministro de Hidrocarbuuros, Carlos Pareja Yannuzzelli, y a los exgerentes de la estatal petrolera, Álex Bravo y Marco Calvopiña. Al final, los tres fueron procesados.
El último informe de la Judicatura dice que el país ahora tiene más jueces. Por ejemplo, el 2016 cerró con una tasa de magistrados de 12,60 por 100 000 habitantes, mientras que en el 2012 esa tasa era de 8,44. Igual sucede con el número de fiscales y defensores en Ecuador. Por eso, las autoridades han dicho que el sistema judicial mejoró en este Gobierno.
Dentro y fuera del país, una de las cartas de presentación del presidente Rafael Correa, de la llamada Revolución Ciudadana y del Socialismo del Siglo XXI ha sido el nuevo impulso regional del cual el Ecuador es parte, junto con los gobiernos progresistas de Latinoamérica (Bolivia, Venezuela y en su tiempo Argentina y Brasil).
A diferencia de lo que ocurría hace una década, la realidad geopolítica y económica del planeta está cambiando. La presidencia de Donald Trump, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y una corriente ultraderechista que se abre espacio en el Viejo Continente determinan un nuevo escenario en estos bloques, que además son los más importantes para Ecuador en materia comercial.
La política exterior ecuatoriana cambió de eje con la llegada de la Revolución Ciudadana. El discurso del Gobierno se ha centrado en la soberanía y la reestructuración de los sistemas tradicionales, bajo el argumento de romper con la hegemonía de las potencias tradicionales.
Según la Cancillería, hay 79 fondos de Cooperación Internacional en Ecuador y 208 organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas. Sin embargo, de todas esas organizaciones extranjeras solo el 51% están activas (106). Otras 75 finalizaron sus convenios, 12 están en proceso de terminación y apenas 15 están iniciando nuevos convenios.
La Ley de Comunicación ha sido objeto de reparos para organizaciones internacionales que tratan temas sobre la libertad de expresión.
Antes de la publicación del Decreto Ejecutivo 16 había 22 013 organizaciones de la sociedad civil registradas en diferentes carteras de Estado. Tras la normativa, expedida en el 2013 por el presidente Rafael Correa, la cifra ahora es de 87 783.
Casi nada se ha avanzado en el impulso de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). El Ministerio de la Producción está a cargo de las ZEDE, luego de que fueran creadas en el 2010, a través del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
En Napo, El Oro y Cotopaxi los habitantes tenían la esperanza de que los nuevos y remozados aeropuertos impulsarían las actividades productivas, el turismo y que mejoraría la conectividad por el empleo de menor tiempo para desplazarse.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es la aseguradora más grande del país. Da varias coberturas, pero la principal y más importante es garantizar una pensión mensual y vitalicia a sus afiliados. Sin embargo, desde el 2015 los aportes de los afiliados ya no son suficientes para pagar las pensiones.
Uno de los egresos importantes que debe asumir el Fisco todos los años son los subsidios. Para el Presupuesto 2016 –que es el mismo para este año hasta que se posesione el nuevo Presidente, en mayo– se necesitarán USD 3 193 millones para 16 subsidios. El monto representa el 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
El modelo de trabajo articulado entre Estado, empresa y sistema educativo es una constante aspiración que no termina de consolidarse en el país.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son vitales para la economía ecuatoriana. El 65% de los empleos son generados por pymes, las cuales aportaron con un 15% del PIB el año pasado y unas 1 500 exportan en la actualidad.
Desde el 2008, el Ecuador se reconoce como un país intercultural y plurinacional. Así lo establece la Constitución del 2008. La búsqueda de un Estado más inclusivo y participativo se canalizó a través de leyes que garanticen este proceso.
La aprobación de la Ley de Cultura en el 2016 es uno de los hitos de este período gubernamental en el ámbito cultural. Con ella, se consolida una forma de gestión, de acceso a los recursos y de conceptualización que empezaron en el 2007, cuando se creó el Ministerio de Cultura, como un ente independiente del área educativa.
En los últimos años, el turismo en el Ecuador ha tenido un notable crecimiento hasta posicionarse como el tercer generador de divisas no petroleras, detrás de las exportaciones de banano y camarón. Varios sectores coinciden que muchos aspectos se mejoraron; pero otros se los debe replantear, desde la capacitación del personal, hasta mejorar la estructura del producto turístico hacia el mundo.
La participación de Miguel Bosé y National Geographic para la realización de un documental sobre Galápagos (específicamente las islas Darwin y Wolf) fue una estrategia del actual Gobierno para atraer la mirada del mundo y mostrar sus políticas verdes frente al cambio climático.
Con la Misión Manuela Espejo se emprendió una cruzada para tener un diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad. El estudio comenzó en el 2010, pero dos años antes la Constitución ya incluyó a este grupo de atención prioritaria.
El documento de 10 páginas está en la Asamblea desde el 17 de febrero del 2017. Ese día llegó el pedido del Ejecutivo para reformar el Código Penal (art. 220) y castigar con cárcel de uno a tres años a quienes consuman droga en espacios públicos. La idea del Gobierno es enfrentar el microtráfico.
