El silencio electoral rige desde el 7 de febrero, pero las redes sociales permiten que los candidatos sigan difundiendo mensajes y propuestas sin restricciones claras.
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La legislación ecuatoriana no contempla regulaciones específicas para estas plataformas, lo que genera un vacío legal que los actores políticos aprovechan para continuar con su propaganda en línea.
Los expertos advierten que esta situación no solo pone en duda el cumplimiento del silencio electoral, sino que también genera un escenario de desigualdad.
Los candidatos con mayor alcance digital pueden mantener su presencia en la conversación pública, mientras que otros quedan relegados. Ante este desafío, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta la disyuntiva de fortalecer su normativa o aceptar que la era digital ha transformado por completo las campañas políticas.
Un vacío legal que permite eludir las restricciones
El analista político Pablo Rosales sostiene que la normativa electoral actual no está diseñada para el ecosistema digital.
La propaganda en redes sociales no está sujeta a los mismos controles que los medios tradicionales, lo que deja un margen amplio para que los candidatos sigan enviando mensajes en pleno silencio electoral, según Rosales.
Xavier Panchana coincide y advierte que la falta de regulación permite que algunos actores políticos continúen sus campañas sin temor a sanciones. Ambos expertos consideran que el CNE debería actualizar las reglas para evitar ventajas indebidas en futuras elecciones.
El experto en comunicación estratégica Andrés Obando señala que el marco jurídico sobre redes sociales es ambiguo, lo que dificulta aplicar sanciones ante la difusión de contenido electoral durante el silencio. Si bien existen iniciativas que buscan actualizar la normativa, aún no hay mecanismos efectivos para combatir la manipulación informativa.
Según Rosales, el desafío no solo es regular la propaganda, sino también evitar que las redes sean usadas para difundir noticias falsas en la recta final del proceso electoral.
Panchana, por su parte, indica que una regulación excesiva podría chocar con la libertad de expresión, por lo que cualquier reforma debe considerar el equilibrio entre control y derechos digitales.
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