Los partidos de eliminatorias y del Campeonato local son un gancho para los revendedores. Basta un pequeño paseo por los alrededores del estadio Atahualpa para escuchar frases como: “general al mismo precio”, “compro entradas” o “todavía quedan preferencias”.
Quienes pronuncian estas frases buscan de cualquier forma atraer a clientes que llegan a última hora al estadio o que prefieren comprar su entrada sin hacer las largas colas en las boleterías. Evitan ser considerados revendedores y más bien apelan al término de trabajadores autónomos.
Ellos visten chaquetas de color rojo o chalecos de color naranja que los identifican como miembros de la Asociación de Vendedores de Entradas y Anexos.
Esta entidad agrupa a 120 comerciantes dedicados a la reventa de localidades para espectáculos públicos, desde conciertos hasta los partidos de fútbol. Este organismo fue fundado en 1970 y tiene un estatus jurídico con normas y reglamentos. Su sede social está ubicada en el segundo piso del edificio Central en la calle Guayaquil, en el centro de Quito. Están adscritos al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Sin embargo, la organización no se encuentra adscrita a la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, que en base a lo estipulado en la normativa 280 del Municipio de Quito, promulgada el 17 de noviembre del 2011, regula a los comerciantes autónomos y la venta de productos en los espacios públicos.
En el artículo 23 de la normativa se establece: “El permiso metropolitano es el único documento habilitante para el ejercicio de la actividad económica de las trabajadoras y trabajadores autónomos en los espacios de uso público destinados por el Municipio”.
Ana C. es una de las personas dedicadas a la reventa desde hace más de 40 años. Con las visibles canas en su cabello, porta su carné que la identifica como miembro de la organización. El jueves pasado, en el partido con El Salvador se quedó con cerca de 15 boletos para el sector de palco y de general del Atahualpa.
Quien sí tuvo mejor suerte fue Édgar Benavides, titular del gremio, que vendió su último ‘tique’ a preferencia, pocos minutos antes del inicio del juego ante los centroamericanos. Él es miembro fundador de la entidad y también tiene un local de venta de accesorios para teléfonos móviles.
Benavides calcula que un comerciante puede vender entre 15 y 30 boletos en un día. En eventos como los partidos de final de campeonato o la feria taurina pueden negociar hasta 100. Según el directivo, casi la mitad de los 120 socios de la organización son de la tercera edad El dirigente afirma que los miembros de la Asociación tienen prohibida la venta de boletos que sean falsificados. “Cada integrante está identificado para que el público conozca quién le dio su boleto. Ya hemos tenido problemas con gente desconocida para la organización y que vende entradas falsificadas”, enfatizó.
Por esa razón, Benavides presentó un proyecto al asambleísta Virgilio Hernández para que se legalice el porcentaje de la reventa de entradas. Esto significa que cada localidad pueda ser revendida con un 20% de recargo a su valor original. Esto quiere decir, que si un boleto cuesta USD 20, el público podrá comprarlo en reventa a un máximo de 24.
Galo Barreto, gerente de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA), no comparte este criterio y pide más controles a la Intendencia para frenar la reventa en los partidos.
“He pedido al hincha que se abstenga de comprar entradas en la reventa porque hay un abuso en los precios y por el riesgo de adquirir un boleto falsificado”, indicó el dirigente.
Barreto es enfático en su posición. Cuenta que los miembros de la Asociación han intentado acercarse a AFNA, pero afirma que no habrá ningún diálogo, ni acercamiento con este colectivo.
Como solución, planteó la venta anticipada de abonos a los aficionados y un máximo de dos entradas sueltas por persona.
Luis Herrera, catedrático de la Universidad Politécnica Salesiana e investigador en el tema del trabajo autónomo en el Distrito Metropolitano de Quito, afirma que la problemática de la reventa debe ser analizada en forma exhaustiva. Sostiene que muchas familias y personas tienen el legítimo derecho de subsistir.
Él propone que los revendedores deben formar parte de planes de desarrollo integral que la administración municipal y la ordenanza.