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Pelé fue investigado por la dictadura brasileña

El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento

El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé" durante un acto dedicado a las grandes estrellas del fútbol internacional, en Mónaco, miércoles, 17 de octubre de 2012. Foto: EFE / EL COMERCIO

El gobierno del estado de Sao Paulo (sureste) publicó este lunes en la red internet las fichas de decenas de miles de personas que fueron investigadas durante la última dictadura militar brasileña (1964-1985) , entre ellas la del ‘Rey’ del fútbol Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’.

El portal ‘Memoria política y resistencia‘, consultable en el sitio web http://www.arquivoestado.sp.gov.br/, incluye 274 105 fichas digitalizadas, 12 874 prontuarios y 39 996 fichas de la comisaría estatal de orden política y social de la ciudad portuaria de Santos, en el estado de Sao Paulo.

“Las personas pueden acceder desde casa, no hay contraseña, es todo público. Es muy importante en el sentido de la transparencia y de la información, para las familias de las víctimas del periodo de la dictadura”, dijo el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin.

La ficha de Pelé, destacada en el portal, describe movimientos de dinero del ‘Rey del fútbol‘, recortes de diarios con los atentados contra su casa en 1973 y boletines policiales del hecho.

Considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, Pelé, que no combatió la dictadura, ganó tres Copas del Mundo con Brasil en 1958, 1962 y 1970 y anotó 1 281 goles en su carrera.

 La iniciativa es apoyada por la presidencia brasileña, ministerios, universidades y varias entidades públicas.

 La actual presidenta brasileña Dilma Rousseff, una exguerrillera que fue torturada y encarcelada por la última dictadura, instaló el año pasado una Comisión de la Verdad para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos, pero sin derogar la amnistía a los represores vigente desde 1979.

 Al mismo tiempo, Rousseff también sancionó una ley de acceso a información que obliga a hacer públicos todos los documentos oficiales, incluso los ultrasecretos, después de un máximo de 50 años. Este plazo no se aplica a documentos referidos a violaciones de derechos humanos, que serán inmediatamente públicos.