El fútbol español está en el punto de mira de la Unión Europea (UE), donde equipos como Real Madrid y FC Barcelona podrían enfrentarse mañana a un proceso que amenaza con conducir a duras sanciones económicas.
La sospecha de que siete clubes españoles, entre ellos los dos gigantes europeos, se han beneficiado de ayudas públicas ilegales situó además al comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, en una delicada situación.
El dirigente fue objeto de críticas por parte de la defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, que puso en duda su imparcialidad al ser socio y aficionado reconocido del Athletic de Bilbao, uno de los equipos implicados.
“Desde que se elevó la queja, la Comisión Europea tardó cuatro años en pasar a los hechos”, señaló O’Reilly. “A la vista del estrecho vínculo del comisario con uno de los clubes afectados surge para el público europeo la impresión de que existe un conflicto de intereses”.
El español respondió hoy a través de un portavoz: “El comisario europeo Almunia considera la acusación de conflicto de intereses como absolutamente inaceptable”.
El gobierno español, por su parte, rechazó toda sospecha de que los clubes españoles hayan obtenido ventajas competitivas a través de ayudas estatales ilegales. “En ninguno de los puntos mecionados hay violaciones del derecho comunitario”, dijo el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que fue quien reveló el lunes la intención de la UE de abrir un expediente sancionador. “Lo que me preocupa es el daño a la imagen que puede producirse a los clubes españoles con el proceso”, agregó.
Real Madrid y FC Barcelona son envidiados y criticados por la competencia en otros países, con especial fuerza en Alemania, por las enormes cifras que pueden pagar en trapasos y salarios de estrellas como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o Neymar.
La UE quiere averiguar ahora si los clubes del país del campeón mundial y europeo recibieron inyecciones financieras indirectas del Estado que les concedieron ventajas competitivas. Si Bruselas ve confirmada la sospecha, las autoridades europeas podrían exigir que los clubes devolvieran las ayudas ilegales, una cifra que nadie se atreve a estimar pero que se adivina millonaria.
Además de los dos gigantes del fútbol español, también están afectados por la amenaza de expediente Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules. En el caso de Real Madrid, FC Barcelona, Athletic y Osasuna, la UE cree que se han beneficiado de una fiscalidad especial por el hecho de no convertirse en empresas bajo el régimen de sociedades anónimas, tal y como exigía una ley de 1990 que pretendía parar el galopante endeudamiento de los clubes de fútbol. Sólo entidades financieramente saneadas como Real Madrid y Barcelona obtuvieron permiso para mantener su estatus de clubes deportivos.
Según el diario Marca, éstos pagan un 25% de impuesto, frente al 30% de las sociedades anónimas. El presidente del Consejo Superior de Deportes español, Miguel Cardenal, aseguró hoy, sin embargo, que “la fiscalidad que soportan los equipos españoles es mucho más gravosa, sensiblemente mayor, que la de sus homólogos alemanes, ingleses o franceses”.
Además, medios, políticos y clubes se preguntan en España por qué la Comisión Europea dejó pasar 20 años antes de escandalizarse por la regulación impositiva. Por su parte, Valencia, Elche y Hércules serían expedientados por los préstamos y avales que les concedió el gobierno regional de la Comunidad Valenciana, por valor de 118 millones de euros.
“Los avales no distorsionaron la competencia”, se defendió hoy el responsable de Hacienda del gobierno valenciano, Juan Carlos Moragues, que justificó su ejecución para salvar a los clubes de una peligrosa situación financiera.
Además, la Comisión Europea sospecha de recientes operaciones urbanísticas realizadas por Real Madrid y Athletic de Bilbao. El primero logró la recalificación de los terrenos de Valdebebas en los que construyó su ciudad deportiva en las afueras de Madrid, mientras que el segundo levantó su nuevo estadio de San Mamés con ayuda de una sociedad pública.