En los 10 días, comprendidos entre el domingo 7 y el martes 16 de agosto, cinco accidentes de tránsito que dejaron 10 personas fallecidas y más de 50 heridas se registraron en la periferia de Quito y Guayaquil. Todos ellos involucraron a buses de servicio público, lo cual una vez más nos lleva a poner en duda la idoneidad de muchos conductores de ese tipo de vehículos para ejercer dicha función.
En el último de los eventos citados, ocurrido en la vía Santa Elena-Guayaquil, entre un bus de turismo y otro que realizaba un recorrido institucional, ambos choferes hicieron lo que en estos casos es usual: fugarse del sitio para evadir su responsabilidad, sin importar lo que suceda con las víctimas de sus acciones u omisiones al volante.
Mientras tanto, la ciudadanía se pregunta cuánto tiempo deberá pasar y cuántas vidas más deberán perderse hasta que las autoridades de tránsito decidan enfrentar un problema delicado pero urgente.
Está claro que la solución no pasa por el endurecimiento de las penas, pues las últimas reformas a la Ley habrían cambiado esta realidad y reducido la incidencia de los siniestros. La clave está en una formación profesional de calidad y en la erradicación de toda forma de corrupción alrededor de ella.