El reciente incremento del 45% a las tarifas de taxis en el Distrito Metropolitano de Quito, aprobado por el Municipio capitalino, fue una mala noticia para los usuarios habituales de ese servicio de transporte. Con la intención de presionar por la derogación de la medida y tal vez de paso medir fuerzas con el alcalde Rodas, el presidente Correa ordenó excluir a las llantas importadas de la aplicación de las salvaguardias, en cuya subida de precio se sustentó parcialmente la decisión municipal.
No obstante, el Cabildo quiteño informó que no reconsiderará lo actuado por la mayoría del Concejo Metropolitano, pues se sustentó en un estudio técnico encargado a la Universidad Católica.
Si bien las tarifas de taxis no habían sufrido incrementos en un lapso de 12 años, no es menos cierto que el transporte, en sus diferentes modalidades, ha sido y seguirá siendo una actividad lucrativa. Si no fuera así, no habría tantos taxis legales e ilegales recorriendo las ciudades.
Las últimas medidas arancelarias gubernamentales afectan de una u otra manera a todos los ciudadanos, pero siempre se lleva la peor parte el usuario o consumidor final, que es quien termina pagando los costos económicos y hasta los costos políticos.