La jugada maestra que hizo el Manta FC para suspender el Congreso de Fútbol dejó una lección que es necesaria desagregarla. Recurrió a la justicia común, adonde ya habían dejado de acudir futbolistas, dirigentes y clubes.
Sembró de nuevo esa semilla de recurrir a esa área para dirimir temas que solo los estaba administrando la legislación del fútbol. Ese paso fue estratégico, tal vez el mejor movimiento político deportivo de los últimos 20 años. Pero carece de un procedimiento claro porque son otros los canales calificados para tratar estos asuntos.
La FIFA y los entes regionales exigen que temas de reclamos de salarios atrasados, pases de futbolistas o llamados derechos deportivos… sean tratados exclusivamente en las asociaciones de fútbol, también llamadas federaciones. Y lo que pasó el viernes en Guayaquil puso en aprietos a la Ecuafútbol y dejó abierta una puerta para que más adelante cualquier trámite sea procesado en la misma forma.
La llamada acción de protección, pedida por un funcionario del Manta FC, que también fue director de Deportes del Municipio de esa ciudad, cuando Jaime Estrada Bonilla fue alcalde; y expedida por un juez del cantón Santa Ana, reveló las inconsistencias legales con las que operan las instituciones de fútbol del país. Es necesario que los clubes y asociaciones que aún no han completado los requerimientos que hizo el Ministerio del Deporte, con la nueva Ley que se reestructuró el 2010, cumplan con esos requisitos.
Es vital que sus dirigentes -incluidos los de Ecuafútbol- aprovechen este caos para reflexionar sobre sus roles en la sociedad. También para plantear cambios estructurales de un fútbol que atraviesa una crisis económica, encontrar un modelo que pueda sostenerse en la actualidad y en los próximos años.