Los ahorros de 143 528 trabajadores públicos pasaron a la administración del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) desde mayo pasado.
Se trata de los fondos de la Empresa Centro Sur, de las gobernaciones de El Oro, Morona Santiago y Tungurahua, del Magisterio Ecuatoriano (FCME), de la Universidad Técnica de Ambato y de la ESPE.
Los trabajadores que tienen ahorros en estos fondos representan el 68% del total de partícipes de los 68 fondos previsionales cerrados de jubilación y cesantía registrados hasta marzo del 2015 y que están bajo auditorías de la Superintendencia de Bancos (SB).
La pugna entre estos fondos de carácter privado y el IESS empezó en septiembre del 2014, con la aprobación de una reforma legal en la Asamblea que obliga a traspasar su administración al BIESS si se determina que recibieron aportes estatales.
Los fondos esperaban que las auditorías sean las que determinen esto, pero el Superintendente de Bancos (SB), Christian Cruz, ha sostenido que no es necesario que concluyan.
Por ello, aunque se espera que la SB entregue los resultados finales de las auditorías en julio, ya siete fondos han pasado a la gestión del banco de los afiliados.
Los siete fondos concentraban hasta marzo pasado USD 415,8 millones en activos, esto es, el 35% del total de activos de los 68 fondos que suma USD 1 198 millones. De igual modo, de estos uno es de jubilación y los seis restantes de cesantía (cubren seguro de desempleo).
Los fondos previsionales cerrados se crearon desde la década de los 80 como una alternativa adicional y complementaria de ahorro a la del IESS con miras a mejorar la jubilación o cesantía. Se llaman cerrados porque solo pueden conformarlo los trabajadores de una misma empresa o entidad.
Los Fondos del Magisterio Ecuatoriano son ahora administrados por el BIESS. Foto: EL COMERCIO
Los fondos se alimentan de aportes personales de los trabajadores, pero algunos recibieron aportes del Estado por conquistas laborales en contratos colectivos o como beneficios laborales de empresas públicas. En el 2008, el Gobierno cuestionó estos pagos y los suspendió.
En 61 fondos privados aún resta determinar si recibieron aportes estatales con las auditorías. En el caso del fondo privado del Banco Nacional de Fomento (BNF), su representante, Jack Veloz, afirma que la empresa Núñez Serrano aún no termina la auditoría, pero espera que el informe detalle que no recibieron aportes estatales.
La situación del fondo complementario previsional de la Gobernación del Napo es diferente, porque desde el 2003 al 2009 recibieron USD 28 000 del Estado, menciona Rocío López, gerente. Asimismo, esperan que finalice la auditoría hasta fines de julio.
El fondo de la Gobernación de Bolívar también recibió aportes estatales, sin embargo los 33 partícipes están esperando la lectura del informe borrador a realizarse el próximo 30 de junio, para definir si cuentan con los recursos suficientes para devolver los aportes estatales más intereses. La idea es que el fondo se maneje de manera privada, dijo Fausto Silva, representante.