45 de cada 100 trabajadores contribuyen a un sistema de pensiones en Latinoamérica y el Caribe
El BID publicó un informe sobre el panorama de las pensiones jubilares en América Latina. Foto: EL COMERCIO
La afiliación y las contribuciones a los sistemas pensionales en 19 países de Latinoamérica y el Caribe se mantienen bajas. En promedio: 45 de cada 100 trabajadores, entre 15 y 64 años, están contribuyendo o están afiliados a un esquema de pensiones.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (BM) evidencian en el reciente informe Panorama de las pensiones: América Latina y el Caribe, que cerca de 130 millones de trabajadores no contribuyeron para su jubilación, según las encuestas de hogares del 2010.
Esta situación se acentúa en algunos países andinos y de Centroamérica (Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú), donde menos del 20% del total de la fuerza laboral está contribuyendo.
En otro grupo de países, como Colombia, República Dominicana y México, entre un 30% y 40% de trabajadores contribuyen.
En el caso de Ecuador, según la reciente encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 29,8% de la población nacional (15, 9 millones de habitantes) aporta al Seguro General del IESS; otro 9,3% tiene Seguro Campesino/Voluntario.
El 2,3% registra un seguro privado, comunitario o es aportante del ISSFA o ISPOL.
Específicamente, la encuesta de empleo revela que a marzo pasado, el 64,2% de los 3,2 millones de empleados adecuados, es decir, que perciben ingresos iguales o superiores al mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, se encuentran afiliados al Seguro General del IESS, mientras que el 29,2% no tienen ninguna afiliación.
Respecto a los 3,8 millones de empleados inadecuados (no ganan lo mínimo ni laboran las 40 horas semanales), el 77,9% no tienen ninguna afiliación a la seguridad y apenas 6,5% están afiliados al Seguro General del IESS.
En la mayoría de países de ingresos más altos según los estándares regionales (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay) contribuyen, entre un 50% y un 70%. Pero esta cifra sigue siendo baja, según estándares internacionales.
En los 90, precisa el informe, se introdujeron reformas que alteraron el diseño de muchos sistemas en la región. Ciertos países cambiaron de un sistema público de pensiones por reparto a un sistema de cuentas individuales de administración privada. Estas han estado orientadas, principalmente, a resolver el problema de la sostenibilidad financiera a largo plazo en el contexto de una población que envejece.
Pero pese a que la sostenibilidad mejoró en varios países, hubo muy poco o ningún progreso en el desempeño de una segunda medida clave del sistema pensional: la cobertura. De hecho, la cobertura, definida como la proporción de trabajadores que participan en los sistemas de pensiones y también como la proporción de adultos mayores que reciben algún tipo de pensión, continúa siendo el desafío más importante en la región.
El estudio, que ofrece indicadores comparativos de los modelos de pensiones de los países de la región, evidencia que el bajo nivel de aportes está relacionado con una serie de características socio-económicas, entre ellas: educación, género, ingresos, etc.
Los contribuyentes más educados están más dispuestos a aportar
Los trabajadores más educados tienen más probabilidades de contribuir que los menos educados. En promedio: el 22% de trabajadores con ocho años de educación o menos contribuyen a algún esquema pensional, en comparación con el 42% de los que han estudiado durante 9 a 13 años, y el 68% de los que tienen 14 años o más de formación.
En Bolivia, Paraguay y Perú, menos del 5% de los trabajadores menos educados tienen un empleo formal, mientras que este porcentaje es considerablemente mayor en Costa Rica (60%) y Uruguay (54%). La brecha entre los menos y más educados parece estar aumentando con el tiempo en países, como Colombia, Perú y Venezuela.
Los hombres contribuyentes siguen siendo mayoría
La tasa media de participación de las mujeres en el mercado laboral en los 19 países es del 56%, frente al 83% de los hombres.
La brecha de género varía entre el 20% en Bolivia, Chile, Jamaica y Uruguay, y el 40% en Guatemala, Honduras y México. Las mujeres generalmente reportan menos años en empleo formal que los hombres, debido a las interrupciones en su carrera para el cuidado de hijos y otras responsabilidades, y a ciertas políticas que promueven su jubilación temprana.
Estos hechos junto con la mayor expectativa de vida de las mujeres implican que estas, en promedio, emplean mayores periodos de jubilación con menores pensiones. Con esto aumenta la probabilidad de pobreza entre las mujeres durante la tercera edad.
Aunque, una comparación entre Chile y Brasil (OCDE, 2012) demostró que una proporción significativa de mujeres que trabajan en distintas categorías de empleo informal en ambos países tienen una cobertura pensional “indirecta” por cuenta de las contribuciones de su cónyuge, las cuales les conceden pensiones de supervivencia.
Las mujeres que participan en el mercado laboral contribuyen de manera muy similar a los hombres en todos los países. Las diferencias más significativas pueden observarse en Costa Rica, donde la cobertura es 12 puntos porcentuales más entre los hombres, y en Venezuela, donde son 9 puntos porcentuales más entre las mujeres.
La clase media es más vulnerable a la pobreza en la vejez
En todos los países analizados, los trabajadores del quintil superior (20% de trabajadores con mayores ingresos) tienen tasas relativamente altas de contribución. Por ejemplo: entre el 80% y el 98% en Costa Rica y Uruguay. En contraste, los trabajadores de bajos ingresos rara vez contribuyen a esquemas pensionales; sus tasas de contribución superan el 20% solamente en un cuarto de la muestra (Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Uruguay).
Los trabajadores de ingreso medio, en lo que se incluyen a los de quintiles dos a cuatro que contribuyen a esquemas pensionales, representan entre el 20% y el 40% del empleo total en la mitad de los países analizados. En estos países, la conocida clase media emergente parece ser más vulnerable a los riesgos de pobreza durante la tercera edad, ya que estas personas no son capaces de realizar suficientes contribuciones para cumplir los requisitos para acceder a una pensión.
En términos relativos, la brecha en la tasa de contribuciones pensionales entre el quintil inferior y la clase media es mayor en países como Argentina, Brasil, Panamá y Venezuela, en los cuales supera los 55 puntos porcentuales.
En la mayoría de países, los trabajadores con ingresos medios están muy lejos de alcanzar las tasas de cobertura de aquellos en el quintil superior, y en la mitad de los países (incluyendo algunas de las economías más grandes como Colombia, Ecuador, México y Perú), esta diferencia es superior a los 40 puntos porcentuales, según encuestas del 2010.
La brecha entre quintiles de mayores y menores ingresos también es elevada, especialmente en Colombia, Ecuador y Panamá. Estos hallazgos resaltan otra cuestión de alta importancia para los formuladores de políticas en las décadas futuras: el impacto potencial de una cobertura pensional desigual y su contribución a la desigualdad en los ingresos.
El tipo de empleo también incide
Sin tener en cuenta las características socioeconómicas, el principal determinante de la cobertura pensional es el tipo de empleo. En promedio, mientras que 64 de cada 100 trabajadores asalariados contribuyen a un esquema pensional, solamente lo hacen 17 de cada 100 trabajadores independientes.
Solo en Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay parecen estar obteniendo ahorros pensionales significativos por parte de los independientes. Ecuador ha logrado un crecimiento de afiliaciones voluntarias en los últimos años, lo que le ha permitido alcanzar a 1,4 millones de personas afiliados voluntariamente y a través del seguro campesino, según la encuesta de condiciones de vida 2013-2014.
La explicación para esta desafiante situación está en algunos casos en la afiliación voluntaria, en otros en la falta de rigor en la aplicación de la afiliación obligatoria, y en los factores usuales relacionados con los bajos ahorros pensionales.
Falta control en las empresas pequeñas
En las grandes empresas con más de 50 trabajadores, 71% de trabajadores contribuyen, en comparación con el 51% en las firmas medianas (de 6 a 50 empleados) y 24% en las pequeñas (menos de seis). Las transiciones frecuentes entre formalidad, informalidad e inactividad generan brechas de contribución significativas en las carreras de los trabajadores, lo que puede poner en riesgo la adecuación de los futuros ingresos de jubilación.
En casi todos los sistemas, los historiales incompletos de cotización dan lugar a derechos de pensión más bajos, o incluso a la inelegibilidad, lo que significa que tanto el tamaño de estas brechas de cotización como su distribución en el tiempo deben ser analizados.
Se requiere alternativas urgentes
El estudio determina que gran parte de las personas mayores de la región tendrán que recurrir a otras fuentes de ingresos: trabajo, inmuebles, transferencias, pensiones sociales y apoyo familiar.
La estructura de los hogares muestra que las personas más pobres de mayor edad tienen más probabilidades de estar viviendo con un familiar. La mayoría de ancianos pobres de la región viven en hogares multi-generacionales, lo que indica que su bienestar está estrechamente relacionado con el de su familia. Las tendencias a largo plazo de una urbanización creciente y la disminución de la fecundidad probablemente debilitarán estos lazos en el futuro y facilitarán el acceso al sistema formal de pensiones.
“Debemos actuar ahora para asegurar el futuro de las pensiones de la región“, señaló el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, durante la presentación del informe. “En este momento estamos disfrutando de un bono demográfico que no podemos desaprovechar. Si logramos que más personas contribuyan a los sistemas de pensiones, y si logramos ajustar los sistemas al aumento de la esperanza de vida, podremos dotar a generaciones futuras de una cobertura adecuada.”
La tendencia más generalizada para solventar la brecha de personas que no cotizan a los sistemas de pensiones es ampliar las llamadas pensiones no contributivas o sociales. Estas ayudas del gobierno ayudan a disminuir la desigualdad y la pobreza, pero supondrán un reto fiscal a medida que la población envejezca y haya más solicitantes. Además, ahora hay 8 personas en edad productiva por cada pensionista, en promedio, pero se espera que, en 2050, la tasa disminuya a 2.5, cercano al promedio de 1,9 de la OCDE.
En Ecuador, el Gobierno optó por eliminar el aporte del 40% para las rentas jubilares, por lo que ahora las autoridades del IESS deben buscar una alternativa que sostenga el sistema en el tiempo.