Lindo gesto pedir perdón. La Defensoría del Pueblo lo pidió a los perseguidos, apresados y torturados durante el gobierno de Correa, por quienes el Defensor del Pueblo anterior no hizo nada pese a ser su obligación –por ley y por conciencia- proteger a las víctimas.
Es un perdón que a muchos no nos gusta porque fue pedido por pecados ajenos, por un lado, y porque, generalmente, esos perdones terminan en impunidad y no es justo que los autores y cómplices de las violaciones de los derechos humanos en la década correísta no sean sancionados legalmente.
Los ecuatorianos que en el 2007 tenían 10 años (y ahora tienen 21) posiblemente no recuerdan al Rafael Correa que aterrorizaba con palabra y obra a quienes no coincidían con él. Los mayorcitos –a menos que la memoria ya les falle o nunca hubiesen leído un periódico ni visto un noticiero- seguro recuerdan al expresidente ordenando a los periodistas qué preguntarle, poniendo apodos a los opositores, burlándose de ellos, exhibiéndolos en pantallas gigantes para que cualquier fanático los atacara. No creo hayan olvidado cómo, protegido por decenas de guardaespaldas, perseguía a quienes en la calle le hacían señas ‘opositoras’ con sus manos, brazos o dedos. (Una vez Correa persiguió personalmente a un hombre que le hizo una seña con sus dedos, hasta cuando sus guardaespaldas lo detuvieron y lo echaron en el balde de una camioneta, como a un animal). De inmediato ordenaba a fiscales y jueces condenarlos y a la famosa Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia) que investigara la vida de los acusados a quienes les perseguían con el SRI (pago de impuestos), IESS (cumplimiento de afiliaciones). Les seguían personalmente, hasta chocaban sus carros; les tomaban fotos en todas partes; les enviaban coronas mortuorias a sus casas.
Ahora que está destapándose a la Senain (recién reemplazada por otra ‘inteligencia’) vemos los trabajos sucios que hacía: además de persecuciones, secuestraba a opositores. No sería raro que estuviese involucrada en asesinatos extraños. En informaciones periodísticas, pude contar alrededor de 35 asesinatos de gente que, coincidencialmente, estuvo inmersa en denuncias en contra del gobierno de Correa o participó en manifestaciones públicas.
No creo que la gente haya olvidado como los indígenas, militantes de organizaciones sociales, ecologistas, estudiantes fueron judicializados, encarcelados por manifestar su descontento. Las víctimas sumaron más de 200. Un líder indígena murió, un joven quedó convertido en vegetal y otro perdió un ojo por bombas lacrimógenas.
Son muchas las violaciones a los DD.HH. en la década correísta, pero son pocas las familias que demandan por sus muertos, la mayoría no reclama, por miedo, por costos o porque está acostumbrada a la impunidad. En estos casos deben intervenir las organizaciones de derechos humanos, impulsando juicios contra los asesinos, hasta el final. Si hoy no hay condenas, mañana los crímenes políticos se repetirán.