El régimen populista que nos gobernó la última década nos mantuvo bajo permanente campaña electoral como una de las herramientas de legitimación de su mandato. De ahí mi escepticismo frente a el clamor por una nueva consulta popular respecto del accionar del CPCCS transitorio y de las facultades que asumirá el CPCCS nuevo.
No me opongo, en principio, a un constitucionalismo popular que permita que los ciudadanos tengamos un mayor impacto en nuestra política constitucional. No obstante, estimo que debemos tomarnos las consultas en serio, más aún si lo que nos convoca implica una modificación constitucional. Ya estamos siendo testigos de cómo una consulta popular convocada al apuro, cuyas preguntas estuvieron detalladas en un anexo de muy deficiente redacción, ha provocado cuestionamientos a la legitimidad de un proceso de transición por lo demás válido. Valdría la pena que no repitamos los mismos errores.
El apuro no sólo incide negativamente en la redacción de las preguntas sino en el proceso de deliberación. Tengo la sensación de que aún no hemos asumido por completo la responsabilidad por el sí que el pueblo le dio a Lenin en la última consulta y ya se pretende modificar los efectos de tal consulta. Elegir mediante votación popular a los consejeros del CPCCS difícilmente resolverá los dilemas que ha causado en nuestra democracia esta innovación del laboratorio de Montecristi; pero que el mismo día que nos convoquen a elegirlos nos consulten sobre cómo eliminar este organismo o al menos limitar sus facultades evidenciaría que no estamos dispuestos a dar una oportunidad a los cambios aprobados en febrero pasado. No tomamos en serio las consultas.
No todas las cuestiones merecen ser sometidas a la ciudadanía para que esta responda con un sí o un no. Al menos no sin que antes hayamos tenido un espacio de deliberación democrática profunda y plural. Ese espacio, insisto, es un proceso que requiere tiempo. La experiencia reciente nos muestra que la complejidad de los temas que se consultan impide que la votación sea resultado de un diálogo robusto que favorezca un intercambio de argumentos y razones. Los resultados de las últimas consultas han respondido a la coyuntura política más que a una participación democrática sensata.
Las iniciativas de participación popular masiva a través de consultas o referéndums merecen ser defendidas únicamente en la medida en que estén al servicio de una deliberación democrática que permita al pueblo participar de un proceso de diálogo que, aunque nunca será ideal, al menos debe alentar procesos razonados de toma de decisiones sobre el tipo de democracia que anhelamos.
Las tensiones de nuestra democracia, además, no se van a resolver sólo reformando las atribuciones del CPCCS o traspasándolas al legislativo. Lo que realmente urge es atenuar el presidencialismo. Al parecer, de esa consulta nadie quiere hablar.