El Jefe de Estado, en la sabatina de 11 de julio, ha expresado que su proyecto de ley de aumento de impuestos a la herencia pretende afectar a las “grandes empresas familiares” pero no a las pequeñas y medianas empresas, cuya enorme mayoría son empresas familiares. Y que un capitalismo moderno distingue participación accionaria de administración y que busca que muchos miles de personas posean acciones emitidas por las grandes empresas. Llama la atención el poco conocimiento de la realidad empresarial que demuestran las anteriores afirmaciones.
Primero, la manera más conocida de realizar abultadas ganancias por parte de los accionistas de las grandes empresas es precisamente volverlas públicas; es decir, colocar un porcentaje importante de sus acciones en las bolsas y quedarse con un porcentaje menor, 20– 30 %, que les asegura el control.
En segundo lugar, hay que recordar que este Gobierno ha hecho todo lo posible por desincentivar la compra de acciones por parte del ciudadano en general. Así, incorporó los dividendos a la renta personal global. Antes estaban exentos porque procedían de utilidades que ya habían tributado por parte de las empresas que las generaron. Además, sujetó la utilidad que se puede obtener en la venta de acciones –antes exenta- a la tasa general de impuesto a la renta personal, que puede llegar al 35%. Ya es hora de que el discurso sea coherente con los hechos